El economista Guillermo Caram afirma que el presidente Luis Abinader retiró del Congreso el Anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal y que la única manera de abordarlo es a través del gasto. Explica que los 122 millones de pesos que el gobierno pretendía obtener con las imposiciones contenidas en el proyecto equivalen al 9% de los gastos corrientes consolidados estimados en el presupuesto del 2024. Si no se toma esta medida, habría que reducir el gasto de capital o incrementar el endeudamiento en el presupuesto del 2025.
Caram señala que la reducción de los gastos daría al gobierno la autoridad moral para proponer nuevas imposiciones, ya que actualmente carecen de esa autoridad debido a gastos excesivos y superfluos. La reducción de los gastos del presupuesto del 2025 en un 9% daría el mismo resultado fiscal que si se hubieran aprobado las imposiciones retiradas. Además, menciona que se dispone de recursos legales adecuados para llevar a cabo esta reducción.
El economista hace referencia a la Ley Orgánica de Presupuesto, donde se establece que las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados. También menciona que todos los organismos públicos deben programar la ejecución financiera de sus presupuestos, lo que se conoce como "presupuesto de caja".
Para reducir el presupuesto de gasto corriente en un 9%, Caram presenta quince opciones posibles, que van desde congelar puestos y salarios, evaluar el desempeño del personal, facultar la disminución de la jornada laboral acompañada de una disminución salarial, hasta prohibir el otorgamiento de subsidios a personas que perciben ingresos superiores al monto de la canasta familiar, entre otras medidas.
Entre las medidas propuestas se encuentran también exigir a los Ayuntamientos que ciñan estrictamente sus gastos a las estipulaciones de la ley de organización municipal, ordenar a la LMD retener las asignaciones a los municipios que no cumplan con esta disposición, y mejorar la transparencia de la información estadística de compras gubernamentales para prevenir prácticas corruptas.
Además, se plantea la eliminación de las asignaciones a los partidos políticos, exigir a las empresas eléctricas un programa de reducción de gastos para disminuir las transferencias de fondos del poder ejecutivo, y explorar soluciones no fiscales para financiar el déficit cuasifiscal del Banco Central. El gobierno podría someter su proyecto de modernización tributaria al Consejo Económico y Social para su revisión y propuesta de mejoras.
