La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso la prisión preventiva como medida de coerción contra los cabecillas de una red acusada de traficar con haitianos, declarando el proceso de tramitación compleja debido a la suficiencia probatoria encontrada en los elementos presentados por el organismo investigador. Los imputados José Andrés Cabrera Francisco, Enmanuel Jiménez González, Carlos Bladimir Cuevas Peña, Ricardo Francisco Martínez González, Ramona Salvadora Tapia Flores y Jeffrey Alberto Felipe Acevedo permanecerán encarcelados mientras que otros acusados tendrán medidas menos severas como garantías económicas y presentación periódica.
La organización criminal utilizaba diversas maniobras para evadir a la justicia y transportar a personas indocumentadas desde Haití a la República Dominicana. Estas personas eran trasladadas a través de distintas rutas hasta llegar a Santiago, donde eran escondidos en casas, terrenos baldíos y cuarterías que servían como centros de acopio. La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas llevaron a cabo diversas investigaciones para identificar a los miembros de la red y establecer sus roles en la organización.
Se logró identificar las rutas que la red criminal utilizaba para el traslado de personas en condición de irregularidad, imponiendo pagos que oscilaban entre RD$8,000 y RD$17,000 por persona. La desarticulación de esta red representa un golpe contundente a uno de los delitos más atroces, que además de violar los derechos humanos fundamentales de las personas, puede llevar a la explotación sexual y comercial. Las medidas de coerción se impusieron en base a los cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
La Fiscalía y la Procuraduría Especializada destacaron la importancia de esta desarticulación para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que implican delitos conexos como la explotación sexual y comercial. Además de la prisión preventiva, se impusieron otras medidas como garantías económicas, prohibición de salida del país y presentación periódica. Uno de los acusados, Carlos Bladimir Cuevas Peña, que posee antecedentes penales, enfrenta cargos adicionales por violar la Ley 137-03 y la Ley 155-17.
La colaboración entre la Fiscalía, la Procuraduría Especializada y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional permitió identificar y desmantelar esta red criminal que lucraba con el tráfico de personas. Con la imposición de medidas de coerción y la investigación detallada, se busca enviar un mensaje claro de que estos delitos no serán tolerados y se tomarán acciones contundentes para combatirlos. La lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas es fundamental para proteger los derechos y la seguridad de las personas afectadas por estas prácticas ilegales.