El Ministerio Público logró la imposición de tres meses de prisión preventiva a varios miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos en la zona sur del país. El Tribunal de Atención Permanente de Barahona impuso la medida contra Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez y ciudadanos haitianos. También se declaró la complejidad del proceso solicitada por el Ministerio Público, representado por el fiscal titular de Barahona y la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral.
La red desmantelada operaba en la zona sur, con sede en Barahona, realizando delitos de falsedad de documentos públicos con alcance trasnacional. La estructura liderada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, contaba con la colaboración de otros miembros que operaban en laboratorios de falsificación de documentos. Utilizaban los servicios de varias personas para obtener documentación falsa para nacionales extranjeros, especialmente haitianos, con el fin de afiliar sus acciones con el lavado de activos.
La investigación comenzó con el arresto de extranjeros ilegales que tenían documentos falsos recibidos de miembros de la red, a cambio de sumas de dinero. La red reclutaba extranjeros ilegales en Enriquillo para proveerles de documentación falsa. Tras la obtención de información, el Ministerio Público inició una investigación y obtuvo una autorización para agentes encubiertos, con el objetivo de identificar los lugares donde se fabricaban los documentos falsificados que afectaban a la Junta Central Electoral y otras instituciones del Estado.
Durante los allanamientos y arrestos, se incautaron máquinas para la confección de cédulas, plásticos falsos, carnets de la Policía Nacional, hojas timbradas de la JCE, entre otros elementos. Utilizaban centros de copiado y fotográficos en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, un laboratorio en un edificio en el Distrito Nacional, y una casa en San Vicente de Paul para llevar a cabo sus actividades ilícitas. La investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Dirección de Seguridad de la JCE, la DICRIM y el DIS de la Policía Nacional permitió desmantelar esta red.
Los miembros de la red enfrentan cargos por violar diversos artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 8-92 sobre Cédulas, así como también de la Ley 172-13 sobre protección de datos personales. La labor conjunta de las autoridades permitió poner fin a una estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos, afectando a la Junta Central Electoral y otras instituciones del Estado dominicano. La imposición de medidas de coerción como la prisión preventiva demuestra la gravedad de estos delitos y la importancia de combatir la falsificación de documentos en el país.
