El artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas establece que las autoridades municipales no pueden contratar con el Estado. La Dirección General de Contrataciones Públicas informó la suspensión de oficio de los Registros de Proveedores del Estado de 211 alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y subdirectores de juntas distritales electos para el periodo 2024-2028. Estas autoridades se encuentran dentro del régimen de inhabilidades dispuesto en la ley, lo que les impide ser oferentes o contratar con el Estado hasta seis meses después de dejar su cargo, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y promover la transparencia en las adquisiciones gubernamentales.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, aclaró que la suspensión de los Registros de Proveedores del Estado no constituye una sanción, sino una medida preventiva. También anunció que esta acción se llevará a cabo con las autoridades que resulten electas en las próximas elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Pimentel instó a las nuevas autoridades municipales a gestionar sus procesos de compras a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para garantizar la transparencia y la publicidad en los procesos de contratación.
La medida adoptada por la DGCP fue enviada a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas para su conocimiento y fines correspondientes. La intención de esta acción es asegurar que las autoridades municipales cumplan con las disposiciones legales que regulan las contrataciones públicas y promuevan la transparencia en sus gestiones. La suspensión de los Registros de Proveedores del Estado es una herramienta para evitar posibles conflictos de interés y garantizar que las adquisiciones gubernamentales se realicen de manera justa y equitativa.
La transparencia en las contrataciones públicas es un aspecto fundamental para garantizar la eficiencia y el buen manejo de los recursos estatales. Al impedir que las autoridades municipales contraten con el Estado, se busca prevenir situaciones de favoritismo o corrupción que puedan perjudicar la correcta asignación de los recursos públicos. La utilización del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas como plataforma obligatoria para los procesos de compras y contrataciones es una medida adicional para garantizar la transparencia y la participación en estos procesos.
Es importante que las autoridades municipales cumplan con las disposiciones legales y éticas en materia de contrataciones públicas para asegurar el buen uso de los recursos del Estado y promover la confianza de la ciudadanía en sus gestiones. La DGCP continúa trabajando para fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las adquisiciones gubernamentales, con el objetivo de combatir la corrupción y promover la transparencia en todas las instancias del Estado. La suspensión de los Registros de Proveedores del Estado es una medida preventiva que contribuye a este propósito y refuerza la integridad en los procesos de contratación pública en el país.
