En una comunicación dirigida a las principales organizaciones del país vinculadas a la municipalidad, Castillo Lugo recuerda que conforme al decreto 343-22, no entrarán en nómina pública aquellos funcionarios que incumplan esta exigencia. El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, solicitó la colaboración de estas organizaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a la presentación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio por parte de los funcionarios públicos municipales, electos y designados. Destacó la obligatoriedad de estas declaraciones según las disposiciones constitucionales y legales.
Los alcaldes, vicealcaldes, directores de distritos municipales, regidores, vocales, tesoreros municipales, directores administrativos y financieros, y encargados de compras y contrataciones de los cabildos, tienen la obligación de elaborar un inventario detallado y jurado de sus bienes patrimoniales en un plazo de un mes a partir de su toma de posesión. Esta obligación está contemplada en las leyes núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, junto con su reglamento de aplicación núm. 92-16. También se advirtió que la Contraloría General de la República no autorizará la inclusión en nómina pública de aquellos funcionarios que no cumplan con este requisito.
Las Declaraciones Juradas de Patrimonio pueden ser presentadas de manera virtual a través del portal web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y el grado de cumplimiento es monitoreado y reflejado en el indicador IGOB 8 del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal). Estos resultados son públicos y accesibles para la ciudadanía, garantizando la transparencia y el acceso a la información. Estas disposiciones se enmarcan en el compromiso asumido por el Presidente Luis Abinader en materia de transparencia, cumplimiento del ordenamiento jurídico y combate a la corrupción.
A través del Decreto 343-22, se creó una comisión integrada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Contraloría General de la República (CGR) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con el objetivo de facilitar a la Cámara de Cuentas la información necesaria para el cumplimiento de la ley núm. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. Castillo Lugo enfatizó la importancia de estas medidas dentro del marco de transparencia y cumplimiento legal en la administración pública municipal.
