Sergio "Gory" Moya, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), resultó ser el diputado más votado de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, obteniendo 18,782 votos a su favor, lo que representa el 95.8% del total de votos computados. Moya Cruz, quien ya ocupaba un escaño en la Cámara Baja, está señalado en el Caso Calamar como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, una parte del supuesto entramado de corrupción desentrañado mediante la operación Calamar. Aunque no figura como acusado, se menciona que reemplazó a uno de los imputados como cabecilla de una red de cobros ilegales a bancas de lotería y deportivas.
Según los fiscales del caso, Sergio "Gory" Moya ingresó a la red en agosto de 2018 y se mantuvo en ella hasta mayo de 2020. Trabajó junto a otros acusados, como Frixo Messina Arvelo y Julián Omar Fernández Figueroa, quienes facilitaron las operaciones de cobro ilegal. También se menciona que Moya daba instrucciones sobre el funcionamiento de la operación, según un delator del caso. A pesar de esto, el Ministerio Público afirmó que, al unirse a la red, reestructuró el proyecto debido a la falta de base operativa que tenía su predecesor, lo que resultó en una reducción de los gastos y de la cantidad de cobros.
Es importante señalar que esta situación plantea interrogantes sobre la integridad y la ética de los representantes políticos, y cómo es posible que un candidato con acusaciones de corrupción pueda obtener la mayor cantidad de votos en una elección. La presencia de personas vinculadas a casos de corrupción en cargos públicos puede socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el sistema político en general. Es fundamental que se investiguen a fondo estos casos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Ante la polémica generada por la elección de Sergio "Gory" Moya como diputado más votado en su circunscripción a pesar de las acusaciones en su contra, es imprescindible que se realice una investigación exhaustiva sobre su participación en el Caso Calamar y sus vínculos con actividades ilícitas. Además, las autoridades competentes deben tomar medidas para esclarecer estos hechos y garantizar que se respete el Estado de Derecho. Los ciudadanos merecen representantes íntegros y honestos, comprometidos con el bienestar de la sociedad y el cumplimiento de la ley.
El caso de Sergio "Gory" Moya pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política dominicana. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer la trayectoria y el comportamiento ético de sus representantes, y de exigir responsabilidad y consecuencias en casos de corrupción. La sociedad civil juega un papel crucial en la vigilancia y el control de los actos de los funcionarios públicos, y es fundamental que se promueva la participación ciudadana para garantizar la democracia y el buen gobierno. La lucha contra la corrupción es una tarea que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad para fortalecer las instituciones y prevenir la impunidad.