En resumen, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a la legisladora Rosa Amalia Pilarte a cinco años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y al decomiso de 14 de sus bienes por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Pilarte es miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y es la segunda legisladora del partido oficialista condenada por la Suprema Corte mientras ocupaba un cargo en la Cámara de Diputados. El primer miembro fue Sadoky Duarte, condenado por ultraje y violencia contra la autoridad pública. A pesar de la condena, Duarte fue reelegido como diputado por la provincia Sánchez Ramírez.
El exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, de Santiago de los Caballeros, recibió una condena de 16 años de prisión en la corte del distrito sur de la Florida por conspirar con otras personas para distribuir una sustancia controlada a los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también lo acusaron de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Gutiérrez fue arrestado en enero de 2021 en Miami y renunció a su cargo en la Cámara de Diputados en abril de ese mismo año.
Rosa Pilarte, diputada por La Vega, fue acusada por el Ministerio Público en agosto de 2023 de formar parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos dirigida por su esposo, Miguel Arturo López Florencio. Pilarte también fue encontrada culpable de poseer bienes adquiridos con dinero del narcotráfico. Durante el sermón de las siete palabras en Viernes Santo, la Iglesia Católica realizó un llamado a los electores a no votar por candidatos vinculados con casos de narcotráfico y lavado de activos, criticando a los "políticos corruptos" que se enriquecen a costa del pueblo.
Estos casos de corrupción y narcotráfico involucrando a legisladores dominicanos han generado condena pública y llamados a la transparencia en el sistema político del país. La participación de figuras políticas en actividades delictivas como el lavado de activos y la conspiración con el narcotráfico socava la confianza en las instituciones democráticas y promueve la impunidad. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se apliquen sanciones ejemplares a quienes infrinjan la ley, con el fin de fortalecer el estado de derecho y proteger los intereses de la sociedad dominicana.
La condena de legisladores como Rosa Pilarte, Sadoky Duarte y Miguel Gutiérrez refleja la urgencia de combatir la corrupción y el crimen organizado en la política dominicana. Estos casos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir y sancionar la mala conducta de los funcionarios públicos. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por el estado de derecho son pilares fundamentales para garantizar la integridad y la legitimidad de las instituciones democráticas en la República Dominicana.
