Gonzalo Castillo, junto con otros ex altos funcionarios del gobierno dominicano, se encuentra enfrentando un juicio preliminar por presunta corrupción administrativa en el marco de la llamada Operación Calamar. La audiencia está siendo supervisada por la jueza Franchesca Potentitini y se les acusa de desviar más de 19 mil millones de pesos del Estado a través de pagos irregulares y sobornos para la campaña política del 2020. Además de Castillo, figuran como imputados José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Pichirilo, Claudio Silver Peña, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros.
El Ministerio Público ha presentado una acusación compuesta por 3,662 páginas y más de 2,000 medios de prueba, en la que se detallan los presuntos actos de corrupción cometidos por los acusados. La estafa se habría llevado a cabo a través de falsas expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el desvío de fondos para beneficio personal y político. Gonzalo Castillo, quien ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas, se ha mantenido firme en negar cualquier responsabilidad y ha comparecido ante la corte acompañado de su abogado para enfrentar los cargos en su contra.
El proceso judicial no solo involucra a figuras políticas de alto nivel, sino también a ex funcionarios como el ex contralor general de la República, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar y el exdirector de Catastro Nacional, entre otros. La magnitud de la presunta corrupción destapada por la Operación Calamar ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones estatales. Se espera que durante el juicio preliminar se presenten los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y los delatores para la extinción de la pena.
La comparecencia de Gonzalo Castillo y los demás acusados ante la corte ha sido seguida de cerca por la prensa y por la ciudadanía, que espera rendición de cuentas y transparencia en el proceso judicial. La gravedad de los delitos imputados a los acusados ha generado un ambiente de tensión en el ámbito político y ha puesto a prueba la fortaleza del sistema judicial dominicano. Se espera que la jueza Franchesca Potentitini lleve a cabo un proceso imparcial y basado en la ley para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados en este caso de corrupción administrativa.
El desenlace de este juicio preliminar tendrá un impacto significativo en el panorama político y judicial de la República Dominicana, ya que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. La sociedad dominicana ha manifestado su hartazgo ante los constantes escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno y ha dejado claro su demanda de justicia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. El caso de la Operación Calamar representa una oportunidad para demostrar que la justicia prevalecerá por encima de los intereses políticos y personales de quienes han abusado del poder en perjuicio del bienestar colectivo.
