Un tribunal chino condenó a muerte a Bai Tianhui, ex director general de una filial de Huarong Asset Management, una de las mayores empresas de gestión de activos controladas por el Estado, por aceptar sobornos extremadamente altos y ofrecer tratos de favor en asuntos como la adquisición de proyectos y financiación. Bai fue condenado a muerte, con privación de derechos políticos de por vida y confiscación de todos sus bienes personales. Se consideró que su delito de soborno fue extremadamente grave y causó un daño muy serio a los intereses del país y del pueblo. Huarong, originalmente uno de los cuatro "bancos malos" en China, se convirtió en un consorcio financiero bajo la presidencia de Lai Xiaomin en 2012, quien fue ejecutado en 2021 por corrupción.
En 2023, Huarong llegó a un acuerdo para adquirir el 5% de su mayor accionista, el banco de inversión Citic, por más de 1.700 millones de dólares. Esto representó una devolución de parte del capital que Citic invirtió en el rescate público de Huarong. Citic adquirió esta participación después de que la del Ministerio de Finanzas chino se diluyera en el marco del plan de rescate de la empresa, que tenía un gran pasivo a finales de 2021. La campaña anticorrupción de Xi Jinping desde 2012 ha llevado al enjuiciamiento de varios altos funcionarios chinos por delitos de soborno. Aunque se ha descubierto corrupción en el PCCh, algunos críticos creen que podría utilizarse para purgar a rivales políticos.
En 2023, China sancionó a 610.000 funcionarios por corrupción, según la Comisión Central de Disciplina y Supervisión del PCCh. En una reunión reciente del Politburó, se advirtió que aquellos que no cumplan con sus obligaciones serán severamente castigados. En los sectores financiero y bancario, han habido casos de corrupción destacados. En abril, el ex presidente del Banco de China, Liu Liange, admitió haber aceptado sobornos y otorgado préstamos ilegales. También en ese mes, el ex jefe de Everbright Group, Li Xiaopeng, fue investigado por violaciones graves de la ley. China clasifica las estadísticas sobre la pena de muerte como secreto de Estado, pero se estima que miles de personas son ejecutadas cada año en el país.
La corrupción en China ha sido un problema persistente, y las autoridades han estado tomando medidas enérgicas para abordarla. Los altos funcionarios corruptos, como Lai Xiaomin y Bai Tianhui, han recibido severas sentencias, incluida la pena de muerte en algunos casos. La campaña anticorrupción liderada por Xi Jinping ha llevado a un gran número de funcionarios sancionados y enjuiciados por actos ilícitos, lo que demuestra un esfuerzo por parte del gobierno chino para combatir este problema. Con la continuación de estas medidas, se espera que China siga trabajando para garantizar la integridad y transparencia en su sistema financiero y gubernamental.
