El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la disolución de dos empresas, el decomiso de sus bienes y el cierre de sus locales debido a su participación en el caso de corrupción denominado Coral. Las empresas disueltas fueron Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., cuyos propietarios llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Los representantes de estas empresas deberán pagar una multa de 3,000 salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones al Estado.
Según el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), las investigaciones del caso Coral revelaron que los verdaderos dueños de las empresas disueltas son el coronel Rafael Núñez de Haza y la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez. Ambos utilizaron a terceras personas como "prestanombres" para firmar documentos en nombre de las empresas. Estas terceras personas ahora serán testigos en el caso.
La disolución de las empresas y el decomiso de sus bienes se llevaron a cabo mediante un procedimiento penal abreviado, en el cual los propietarios de las empresas reconocieron su participación en el caso de corrupción. Además de la multa y la indemnización al Estado, también se ordenó el cierre de los locales de las empresas. Este es un paso importante en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
El caso Coral ha sido uno de los escándalos de corrupción más importantes en República Dominicana en los últimos tiempos. La investigación ha revelado la participación de altos funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas armadas en actos ilícitos. La disolución de las empresas y el decomiso de sus bienes es un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el país.
El fiscal Pérez Fulcar destacó la importancia de llevar a cabo investigaciones a fondo en casos de corrupción y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. La colaboración de los propietarios de las empresas disueltas en el caso Coral es un ejemplo de la importancia de asumir la responsabilidad por los actos ilícitos. El cierre de las empresas y el decomiso de sus activos es una medida importante para prevenir futuros actos de corrupción.
La disolución de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., así como el decomiso de sus bienes, envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en República Dominicana. Es fundamental seguir trabajando en la lucha contra la corrupción en todos los niveles, tanto en el sector público como en el privado. Las acciones tomadas en el caso Coral son un paso en la dirección correcta para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
