La reducción de la mora judicial puede tener un impacto positivo en la cantidad de presos preventivos, ya que la demora en el proceso legal a menudo resulta en que las personas están detenidas durante períodos prolongados mientras esperan juicio. Según el juez Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, hay un catálogo en el Código Procesal Penal que establece que no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva, y que el proceso no necesariamente tiene que ser con personas detenidas. Destacó que la libertad es la regla y la prisión la excepción, y que en casos donde no hay peligro de fuga y las personas tienen arraigo en el país, se puede llevar un proceso sin prisión preventiva.
El Plan de Mora Judicial de la Suprema Corte de Justicia ha sido una iniciativa crucial para abordar eficazmente la demora en los procesos judiciales. El objetivo es que ningún proceso dure más de seis meses en el alto tribunal, lo que se considera como mora judicial. Se han implementado mecanismos de gestión interna para detectar expedientes en mora judicial y se han establecido procesos para priorizar su resolución. Se han reducido significativamente los tiempos de duración de los casos en la Segunda Sala de la Suprema, pasando de 211 días en 2019 a 34 días en la actualidad, lo que ha contribuido a agilizar el sistema judicial y brindar una justicia más eficiente.
La implementación de herramientas tecnológicas y la asignación de recursos humanos adicionales han contribuido a una gestión más eficiente de los casos judiciales. Se ha optado por fallar los expedientes por orden de entrada, descongestionando así los casos pendientes y permitiendo una distribución equitativa de los recursos. Además, se han establecido mecanismos para seguir de cerca los procesos judiciales, mejorando la comunicación interna y externa para promover la transparencia y eficacia del sistema judicial. En conjunto, estas medidas han demostrado un compromiso firme en la lucha contra la mora judicial y han promovido un sistema más ágil y accesible para todos los ciudadanos dominicanos.
Un ejemplo destacado de la eficiencia del sistema judicial es el juicio de la diputada Rosa Amalia Pilarte, que fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico en un tiempo récord de menos de tres meses. Las solicitudes de extradición también se gestionan eficientemente, con un proceso rápido que se realiza en un plazo de 48 horas en caso de arresto. El Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República trabaja de forma coordinada con la Suprema Corte de Justicia para garantizar una respuesta ágil a las solicitudes de extradición, que no deben durar más de seis meses para ser decididas.
En conclusión, la reducción de la mora judicial en la República Dominicana ha sido un objetivo clave para mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar una administración de justicia más rápida y equitativa. Las medidas implementadas por la Suprema Corte de Justicia, como el Plan de Mora Judicial y el uso de herramientas tecnológicas, han contribuido significativamente a agilizar los procesos judiciales y a garantizar un acceso oportuno a la justicia para todos los ciudadanos. La priorización de casos en mora, la asignación de recursos adicionales y la gestión eficiente de los expedientes han permitido reducir los tiempos de duración de los casos, brindando una justicia más pronta y efectiva en beneficio de la sociedad dominicana.
