La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 30 años de prisión al dominicano Richard W.T. por el asesinato de dos hombres en un ‘pub’ de Fuenlabrada en 2002, tras pasar más de dos décadas fugado. Además de la pena de cárcel, deberá pagar 700.000 euros a familiares de las víctimas en concepto de responsabilidad civil. La sentencia refleja el veredicto del jurado popular que consideró probado que Richard W.T. les disparó a las dos víctimas con un arma de fuego del calibre 44, sin que tuvieran posibilidad de defenderse. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados días después en otra localidad, donde el acusado se deshizo de ellos.
Richard W.T. huyó de España hacia Ámsterdam, siendo deportado a República Dominicana en 2007. En 2019, se emitió una orden de extradición que culminó con su arresto en 2021 y su llegada a España en 2022, siendo ingresado en prisión provisional. El juzgado consideró la atenuante de dilaciones indebidas debido a los 22 años transcurridos desde el crimen hasta el juicio. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares pedían 32 años de prisión, mientras que la defensa solicitaba 14 años y su expulsión a Santo Domingo al obtener el tercer grado o la libertad condicional. En su declaración, el acusado insistió en que fue el portero del local quien cometió los asesinatos y que se encuentra en paradero desconocido desde 2007.
La sentencia destacó que Richard W.T. disparó a las víctimas desde una corta distancia de menos de metro y medio de manera sorpresiva, causando su muerte inmediata. Los cuerpos de ambos hombres fueron encontrados días después de ser asesinados en otra localidad, donde el acusado los abandonó con la ayuda de otras personas, quienes aún no han sido juzgadas. Tras un largo proceso judicial, que incluyó su huida y posterior extradición, el acusado finalmente fue condenado a 30 años de prisión y al pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.
La defensa del acusado argumentó que él portaba un arma debido a su trabajo y que solo participó en el abandono de los cadáveres, negando haber sido el autor de los asesinatos. Ante las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares de una pena mayor, finalmente la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia de 30 años de cárcel. A pesar de haber estudiado la posibilidad de la expulsión del acusado a su país de origen una vez obtuviera el tercer grado o la libertad condicional, se decidió mantenerlo en prisión en España. Este caso destaca por la larga duración del proceso judicial y la final condena del acusado, aún manteniendo la incertidumbre sobre la participación de otras personas en los hechos.
