Una devastadora inundación, la retracción de un glaciar que deja sin agua a una población, la falta de políticas públicas ante las olas de calor, la inacción ante las amenazas a defensores ambientales y el incumplimiento de los compromisos en el Acuerdo de París son algunas de las causas que podrían iniciar un juicio nacional e internacional. La semana pasada, una serie de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un nuevo paso frente a esta nueva conquista de la sociedad civil: que, dada la emergencia climática, el ambiente sea considerado un derecho humano. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hacen más frecuentes e intensos, los ciudadanos de todo el mundo cuestionan la capacidad de los Estados y gobiernos democráticos para protegerlos de lo que parece ser un futuro apocalíptico. En este escenario, la CIDH está llamada a desempeñar un papel central.
La reciente tragedia en el sur de Brasil ha puesto de manifiesto la dimensión humana -para las generaciones actuales y futuras- que conllevan el desafío de hacer frente a las consecuencias de la emergencia climática. La proliferación de sequías, inundaciones, corrimientos de tierras e incendios, entre otros, ponen de relieve la necesidad de responder con urgencia y eficacia. Colombia y Chile solicitaron para que se concretaran opiniones consultivas en Brasil. Las obligaciones en materia de derechos humanos pueden ofrecer una guía fundamental para acelerar respuestas eficaces de manera justa, equitativa y sostenible. Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), considera que la resolución de la CIDH será un paso trascendental en la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.
La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la emergencia climática es novedosa y trascendente, ya que los tratados de derechos humanos no incorporan al ambiente como un derecho a tutelar. La resolución de la CIDH que se espera que se presente a fin de año, orientará a los Estados sobre cómo actuar frente a la emergencia climática, y podrá servir de guía para la sociedad civil y la academia. El proceso contó con 260 contribuciones de unas 600 organizaciones de la sociedad civil, junto con las de expertos en derecho internacional. Se abordaron temas como la ciencia del clima, el acceso a la justicia, los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, los niños y las generaciones futuras, la migración y el desplazamiento climáticos.
En América Latina, se ha destacado la importancia de reducir los contaminantes climáticos de vida corta, como el metano y los hidrofluorocarbonos utilizados en los equipos de refrigeración. Estos contaminantes son potentes responsables del calentamiento global y se generan principalmente en la actividad agropecuaria, la combustión de combustibles fósiles y los residuos. En un escenario marcado por la emergencia climática, la necesidad de actuar de manera urgente y eficaz se hace cada vez más evidente. Los ejemplos de litigios climáticos en diferentes partes del mundo, como en la Unión Europea, Australia, Brasil, Países Bajos, Francia y Reino Unido, demuestran la importancia de exigir a los Estados y empresas acciones concretas para reducir sus emisiones y proteger el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional que busca proteger los derechos de los defensores ambientales y garantizar el acceso a la información ambiental en América Latina. Un nuevo observatorio en Argentina se encargará de monitorear la implementación de este acuerdo, en un contexto en el que los asesinatos de defensores ambientales siguen siendo alarmantemente altos en la región. Estas iniciativas buscan visibilizar los conflictos y problemas que enfrentan las comunidades y los sectores vulnerables en un contexto de negacionismo del cambio climático y los derechos humanos. En definitiva, la protección del medio ambiente y los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática requiere una acción conjunta de la sociedad civil, los Estados y las organizaciones internacionales para garantizar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.
