La justicia brasileña condenó al actor Juan Darthés a seis años de prisión semiabierta por abuso sexual contra su ex compañera Thelma Fardin durante una gira en Nicaragua en 2009. A pesar de haber sido absuelto en primera instancia en São Paulo, Fardin apeló y el actor fue condenado en segunda instancia. La abogada Carla Junqueira destacó la importancia de esta decisión como una victoria en la lucha contra la violencia sexual y de género en Brasil. La sentencia fue respaldada por dos jueces contra uno, y Darthés aún puede apelar.
La condena de Darthés fue celebrada por Amnistía Internacional Argentina como un mensaje claro de justicia y un paso adelante en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual. La ONG destacó la importancia de romper el silencio y el precedente histórico que esta decisión marca. A pesar de que la sentencia aún no está firme y el actor puede apelar ante el mismo tribunal y luego ante la tercera instancia, esta decisión representa un avance significativo en el proceso de justicia para las víctimas de abuso sexual.
El caso de Darthés fue revelado por Fardin en 2018 como parte del movimiento #MeToo en Argentina, y se trasladó a Brasil después de la denuncia. Según la actriz, el actor la obligó a tener relaciones sexuales en un hotel en Nicaragua cuando ella tenía 16 años. Otras tres mujeres también habían denunciado episodios de acoso sexual que involucraban a Darthés antes de la denuncia de Fardin. Actualmente existe una orden de aprehensión de Interpol contra el actor por la Justicia de Nicaragua, pero la Constitución brasileña prohíbe la extradición de brasileños nacidos en el país.
El Ministerio Público Federal de São Paulo denunció a Darthés por el delito de violación en abril de 2021, argumentando que Brasil tiene competencia para juzgar el crimen cometido en Nicaragua. Tras el trabajo de los ministerios públicos de Brasil, Argentina y Nicaragua, el actor comenzó a ser juzgado en noviembre de 2021. A pesar de la negación de Darthés, la justicia brasileña ha reconocido la materialidad del delito de violación y ha impuesto una pena de seis años de prisión semiabierta. Esta decisión marca un hito en la lucha contra la violencia de género en Brasil y envía un mensaje claro de justicia para las víctimas.
