El Contralor General, Félix Antonio García, advirtió que los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes en el plazo establecido por la ley serán sancionados con la retención de su salario e incluso podrían ser destituidos. La ley aplica tanto a los nuevos funcionarios electos o designados como a los salientes de los cargos en la administración pública. Se está dando seguimiento a los funcionarios que deben presentar su declaración jurada a partir del próximo 16 de agosto y tienen treinta días para hacerlo.
La Ley número 311-14 establece el sistema de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, aplicando a cargos como presidente, vicepresidente, senadores, diputados y secretarios administrativos de ambas cámaras legislativas. También incluye a jueces de las tres altas cortes, tribunales administrativos y otros jueces de orden judicial. Ministros, viceministros, gobernadores, miembros de la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Contraloría, administradores y gerentes de bancos estatales son otros funcionarios obligados a declarar.
El incumplimiento de presentar la declaración jurada de bienes puede acarrear sanciones como la retención de salario y la posible destitución del cargo. La Contraloría General de la República está supervisando el cumplimiento de esta obligación a partir del 16 de agosto, dando un plazo de treinta días para hacerlo. Todos los funcionarios mencionados en la ley deben presentar su declaración jurada, incluyendo nuevos y salientes de cargos públicos.
Es importante destacar que la Ley número 311-14 busca transparentar la gestión pública y prevenir la corrupción, garantizando que los funcionarios públicos declaren sus bienes de manera oportuna. Los funcionarios deben cumplir con esta obligación para evitar sanciones y mantener la integridad en su gestión. La declaración jurada de bienes es una medida de control y transparencia en la administración pública.
Los funcionarios que deben presentar su declaración jurada de bienes incluyen desde altos cargos como presidente y ministros, hasta jueces y gerentes de entidades estatales. La ley aplica a una amplia gama de funcionarios públicos, buscando garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y prevenir posibles casos de corrupción. El seguimiento y cumplimiento de esta obligación es fundamental para mantener la integridad en la función pública.