El artículo 3 de la Ley de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas establece duras penas de hasta 20 años de prisión y multas de 175 salarios mínimos para quienes violen los derechos de los seres humanos, especialmente niños, adolescentes y mujeres, mediante prácticas como la captación, transporte, traslado o acogida, utilizando métodos como la amenaza, la fuerza, la coacción o el rapto. También se castiga a aquellos que obtengan el consentimiento de una persona vulnerable para que sea objeto de explotación, trabajos forzados, mendicidad, pornografía o cualquier forma de explotación sexual.
La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados ha manifestado que no han sido informados de la iniciativa de reforma del Ejecutivo para modificar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta legislación, que data del 2003, señala que el tráfico de personas se ha convertido en un lucrativo negocio para criminales organizados, aprovechando factores como la pobreza, desempleo, violencia contra la mujer y el abuso infantil. Estos factores, junto con la discriminación de género y la feminización de la migración laboral, pueden llevar a los migrantes a caer en las redes del crimen.
El presidente de la Comisión, Alexis Jiménez, abogado de profesión, aboga por aumentar la protección a la niñez y a la mujer en casos de tráfico de personas y trata. Insta al Ministerio Público a presentar cargos fuertes antes de revelar la identidad del imputado y promueve la importancia de la intervención de profesionales de la salud mental, como psicólogos, para ayudar en la integración familiar y la recuperación emocional de las víctimas. Destaca la importancia de abordar el aspecto emocional de las personas junto con la aplicación de leyes como la Ley 24-97, que protege contra la violencia de género.
La reforma propuesta al artículo 4 de la Ley 137-03 haría que las personas morales, como empresas o instituciones, también sean responsables penalmente en casos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. En el caso de que alguno de sus órganos o colaboradores cometa estos delitos, se enfrentarán a multas que pueden ser cinco veces más altas que las impuestas a personas físicas. Esto pretende aumentar la responsabilidad de entidades colectivas en la lucha contra el tráfico de personas y la trata.
En el contexto de la migración y la trata de personas, es fundamental implementar medidas de protección y prevención para evitar la explotación y el abuso de las personas más vulnerables, como los niños, adolescentes y mujeres. Además de las sanciones legales, es necesario abordar el aspecto emocional y psicológico de las víctimas y perseguir a los responsables de manera efectiva. La cooperación entre instituciones y la sociedad en general es clave para combatir este grave problema y proteger los derechos humanos de todos los individuos, independientemente de su situación migratoria.