Al menos 17 personas murieron el martes en Kenia durante las protestas violentas contra un nuevo proyecto de ley que contempla subidas fiscales. Las manifestaciones, que tuvieron lugar en Nairobi y otras ciudades del país, fueron organizadas en respuesta al Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, que busca recaudar más impuestos para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, acusan al gobierno de empujar a la población a la pobreza con estas medidas fiscales.
En un comunicado conjunto, una plataforma integrada por ONG como Amnistía Internacional informó que se registraron 14 muertes en Nairobi, donde la Policía abrió fuego para evitar que los manifestantes llegaran al Parlamento. Además, se documentaron 86 heridos y 52 arrestos, la mayoría en la capital keniana. También se denunciaron secuestros y desapariciones de activistas a manos de agentes tanto uniformados como no uniformados en las últimas 24 horas.
En una tercera jornada de protestas en una semana, los manifestantes lograron ingresar al Parlamento a través del Senado, a pesar de la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad. Durante el asalto, los manifestantes destrozaron mobiliario y banderas, acusando a los políticos de traición. El clima de violencia contrasta con las manifestaciones pacíficas que históricamente se han vivido en Kenia, generalmente impulsadas por líderes políticos y no por jóvenes de la generación Z.
La presidenta del Tribunal Supremo de Kenia, Martha Koome, expresó su profunda preocupación por los secuestros de activistas, calificándolos como un ataque directo al Estado de derecho y los derechos humanos. Koome pidió que cualquier acción criminal sea procesada legalmente. Las protestas se han intensificado en los últimos días, con cientos de detenidos y heridos, así como al menos dos personas fallecidas durante las manifestaciones.
Las medidas fiscales implementadas por el gobierno han desencadenado una ola de protestas en diferentes ciudades de Kenia, con la participación mayoritaria de jóvenes activistas. A pesar de las garantías del gobierno de proteger el derecho a la reunión, las manifestaciones se han tornado violentas, con violaciones de derechos humanos documentadas por las organizaciones de la sociedad civil. La situación en el país es crítica y las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad continúan aumentando.
La lucha entre los manifestantes y las autoridades en Kenia refleja la tensión en torno al proyecto de ley fiscal, que busca aumentar la recaudación para frenar el déficit presupuestario y la deuda estatal. Sin embargo, la población considera que estas medidas conducen a un mayor empobrecimiento y desigualdad. A pesar de la represión policial y la violencia desatada en las protestas, los manifestantes siguen firmes en su demanda de justicia social y económica en el país africano.