El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que inhabilita a personas sentenciadas por delitos sexuales para trabajar como educadores, orientadores o instructores de niños y discapacitados. La iniciativa ahora pasará al Senado y busca crear un régimen de inhabilidades para aquellos que hayan cometido infracciones sexuales y deseen trabajar en roles relacionados con la educación y cuidado de menores de edad y personas con discapacidad.
La diputada Lourdes Aybar Dionisio del Partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó el proyecto, el cual fue modificado por los legisladores en la Cámara. El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, introdujo una enmienda que establece que la inhabilidad en el empleo tendrá una duración de 30 años y comenzará a aplicarse a partir de la sentencia condenatoria. También se agregó un párrafo especificando el momento en que se aplicará la ley a los infractores.
Los diputados Darío Zapata y Eugenio Cedeño del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sugirieron cambios al proyecto para clarificar cuándo se aplicará la inhabilidad y por cuánto tiempo será efectiva. Por otro lado, los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez retiraron una propuesta de modificación que agregaba sanciones para religiosos en el artículo 2 del Régimen de Inhabilidades. El ámbito de aplicación de la ley se limita a personas que hayan cometido infracciones sexuales en roles educativos y de cuidado de menores y personas con discapacidad.
En otra decisión de la Cámara de Diputados, se ratificó en única lectura un acuerdo entre el gobierno dominicano y el de Kazajistán para la exención de requisitos de visa para diplomáticos, oficiales y personal de servicio, permitiéndoles una permanencia de 90 días en el país asiático. Este acuerdo fue firmado en septiembre del 2022 en Nueva York, Estados Unidos. Esta medida tiene como objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas y facilitar la movilidad de funcionarios entre ambos países.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados busca proteger el principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes al evitar que personas sentenciadas por delitos sexuales puedan trabajar en roles que involucren su educación y cuidado. La duración de la inhabilidad de 30 años y los cambios introducidos por los legisladores buscan garantizar que la ley sea efectiva y aplicable en casos específicos de infracciones sexuales cometidas en contextos educativos.
Con esta iniciativa, se busca crear un marco legal que establezca claramente las condiciones en las que una persona sentenciada por un delito sexual puede ser inhabilitada para trabajar en roles educativos y de cuidado de menores y personas con discapacidad. La exclusión de religiosos de las sanciones propuestas y la especificación del ámbito de aplicación de la ley son aspectos clave que han sido discutidos y modificados en la Cámara de Diputados para garantizar que la legislación sea efectiva y justa.