Amnistía Internacional expresó su preocupación por el mantenimiento de la penalización del aborto voluntario en el proyecto del Código Penal dominicano aprobado en primera lectura por el Senado en junio. La organización señaló que República Dominicana es uno de los pocos países que prohíbe el aborto incluso en casos de violación o incesto, riesgo para la vida de la madre o malformaciones del feto. AI destacó que el proyecto no respeta la autonomía reproductiva de las mujeres ni garantiza la seguridad del personal de salud que realice abortos.
Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, la criminalización del aborto perpetúa la violencia y discriminación contra las personas embarazadas, especialmente aquellas en situación de pobreza. La organización considera el aborto un derecho humano y penalizarlo solo aumenta la inseguridad de las mujeres y niñas que ya enfrentan desigualdades estructurales. En la República Dominicana, el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte y morbilidad materna, con una cantidad inaceptable de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros.
En contraste, en lugares como Argentina, donde el aborto está despenalizado y regulado como derecho y servicio de salud esencial, la mortalidad materna relacionada con abortos se ha reducido hasta en un 53%. Amnistía Internacional instó a los senadores a asegurarse de que el proyecto del Código Penal respete las obligaciones internacionales del Estado dominicano, incluyendo el derecho a la vida y la salud de mujeres y niñas. La organización pidió que el debate del proyecto se realice con base en evidencia científica y enfoque de derechos humanos.
Los senadores que conforman la comisión especial encargada de estudiar el proyecto antes de su segunda y última votación tienen la oportunidad de rectificar una injusticia histórica y garantizar un enfoque de salud pública, justicia e igualdad en el tema del aborto. Diversos sectores han criticado la exclusión de las tres causales del proyecto de Código Penal, señalando que el Senado aprobó el texto sin atender al reglamento y sin hacer una lectura previa. Es fundamental que la legislación en torno al aborto en la República Dominicana respete los derechos humanos y la salud de las mujeres y niñas.
Amnistía Internacional ha enfatizado la importancia de respetar la autonomía reproductiva de las mujeres y ofrecer garantías suficientes para que el personal de salud pueda realizar abortos sin temor a la criminalización. La organización considera que la penalización del aborto contribuye a la violencia y discriminación contra las personas embarazadas, especialmente aquellas en situación de pobreza. En la República Dominicana, el aborto inseguro sigue siendo una de las principales causas de muerte materna, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática de manera integral.
Argentina sirve como ejemplo de cómo la despenalización y regulación del aborto pueden reducir significativamente la mortalidad materna relacionada con esta práctica. Amnistía Internacional llamó a los senadores a garantizar que el proyecto del Código Penal cumpla con las obligaciones internacionales del Estado dominicano y se base en evidencia científica y derechos humanos. La organización considera que el aborto es un derecho humano y que su criminalización solo incrementa las desigualdades que enfrentan las mujeres y niñas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. La discusión en torno al aborto en la República Dominicana debe buscar promover la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos de todas las personas involucradas.