A poco más de dos meses de asumir sus cargos, el 64% de los alcaldes del país no han realizado su declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido por la Ley 311-14. Esta cifra incluye a 102 de los 158 alcaldes en funciones. Además, el 96% de los alcaldes salientes tampoco han cumplido con este requisito legal, según información proporcionada por la Cámara de Cuentas a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública.
Entre los alcaldes que aún no han presentado su declaración de bienes se encuentran Nelson de la Rosa, alcalde entrante del municipio San Cristóbal, y José Montás, alcalde saliente del mismo municipio, ambos pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Asimismo, algunos alcaldes reelectos también figuran en la lista de omisos, como Diomedes García Núñez de Puerto Plata, Santos Ramírez de Baní, Amado de la Cruz de Hato Mayor, entre otros.
Además, varios alcaldes ratificados en las elecciones municipales de febrero pasado tampoco han cumplido con la obligación de presentar su declaración jurada de bienes, como José María del Rosario Valdez, Heriberto Méndez Delgado, Fredy de Jesús Jiménez, entre otros. Asimismo, los nuevos alcaldes electos tampoco han cumplido con este requisito, incluyendo a Gustavo Adolfo Suero, Yanel Suberví Santana, Alfredo Francés Ortiz, entre otros.
La Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio también aplica a los alcaldes que cesan en sus funciones, pero hasta la fecha, varios alcaldes salientes no han realizado esta declaración, incluyendo a Carlos Guzmán, Miguel Andújar, Hanoi Sánchez, Rudy González, entre otros. Incluso los alcaldes electos como senadores en las elecciones de mayo tampoco han cumplido con este requerimiento, como María Mercedes Ortiz y Aneudy Ortiz Sajiún.
En resumen, la mayoría de los alcaldes del país no han realizado su declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido por la Ley 311-14, incluyendo tanto a los alcaldes en funciones como a los alcaldes salientes. Esta situación también afecta a los alcaldes reelectos y a los recién electos, así como a aquellos alcaldes que han sido electos como senadores. Es importante que estos funcionarios cumplan con esta obligación legal para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.