Los tribunales de la jurisdicción penal del Distrito Nacional se ven constantemente en la necesidad de posponer audiencias debido a rebeldías de personas vinculadas a diferentes delitos, como tráfico de drogas, manutención, lavado de activos, entre otros. Esta situación preocupa al fiscal adjunto encargado del Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, ya que las rebeldías provocan retrasos en los procesos judiciales. Durante el primer cuatrimestre del año se reportaron 545 rebeldías, principalmente relacionadas con violaciones a la ley de manutención, cheques sin fondos, drogas y robos, entre otros delitos.
El fiscal adjunto también mencionó que se produjeron 101 levantamientos de rebeldías durante ese periodo, con un promedio mensual de 6 en enero, 23 en febrero, 22 en marzo y 33 en abril. Algunos de los procesados que fueron declarados en rebeldía viven en la dirección que proporcionaron a los tribunales, pero no se encontraban allí al momento de ser requeridos. Esta situación dificulta la realización de los juicios y la justa aplicación de la ley en casos relacionados con diferentes tipos de infracciones.
El 25 de marzo, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo preventivo que resultó en el arresto de 40 personas acusadas de diversos delitos, incluyendo prófugos de la justicia, porte ilegal de armas de fuego y venta de sustancias controladas. Estos detenidos, así como las armas, vehículos y drogas incautadas, fueron puestos bajo custodia del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. La Policía Nacional continuará realizando operativos para garantizar la seguridad y el orden público en todo el país y seguirá la búsqueda activa de prófugos de la justicia.
Por otro lado, la vicepresidenta de la República informó que en las últimas 36 semanas se habían realizado operativos que resultaron en el arresto de 723 personas prófugas de la justicia. Estos resultados se lograron gracias al trabajo conjunto de las fuerzas castrenses y la Policía, demostrando un compromiso por parte del gobierno en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sistema judicial. La persecución activa de quienes evaden la justicia es una prioridad para asegurar que respondan por sus delitos y se garantice el respeto a la ley y la seguridad de la ciudadanía.
Es importante destacar que muchas de las personas declaradas en rebeldía no acuden a los tribunales cuando son requeridas, lo que afecta la capacidad de los jueces para llevar a cabo los procesos judiciales de manera oportuna y eficaz. Estas situaciones plantean desafíos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y resaltan la importancia de medidas preventivas y operativos de captura para garantizar la justicia y la seguridad en la sociedad. El trabajo conjunto entre las instituciones policiales y judiciales es fundamental para combatir la impunidad y mantener el orden público en el país.