Elizabeth Silverio Silien, una "neurocientífica", se ha defendido de las acusaciones en su contra asegurando que nunca ha medicado a un niño. Durante su comparecencia ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Silverio afirmó que su función en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland era solo como gerente y administradora, no como médico. Ante las acusaciones, la imputada manifestó no tener nada que ver con la medicina y expresó desconocer por qué el Ministerio de Salud Pública está involucrado en su caso.
La defensa de Elizabeth Silverio Silien ha provocado que el juez esté ponderando la decisión de enviarla o no a un juicio de fondo. La acusación en su contra incluye la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la Ley de Salud, la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de Educación. A pesar de las acusaciones, Silverio se mantiene firme en su posición de que su papel en el centro Kogland era puramente administrativo y no médico.
La imputada ha reiterado que nunca ha medicado a ningún niño ni ha causado daño alguno. Insiste en que su labor en el centro era de gerente y empresaria, no de médico. Destaca su desconocimiento de las razones por las que se le acusa y la presencia del Ministerio de Salud Pública en el caso, reafirmando que no tenía ninguna función médica en el establecimiento. La situación actual se mantiene en espera de la decisión del juez respecto a llevar a Elizabeth Silverio a juicio o no.
El caso de Elizabeth Silverio Silien ha generado controversia debido a las acusaciones en su contra y su defensa pública. A pesar de las evidencias presentadas por el ministerio público, la imputada se mantiene firme en su posición de haber desempeñado únicamente labores administrativas en el centro de terapias. La incertidumbre respecto a la participación del Ministerio de Salud Pública en el caso también ha añadido un elemento de confusión.
La situación actual de Elizabeth Silverio Silien muestra las complejidades de la situación legal en la que se encuentra. Su defensa y las acusaciones en su contra son puntos de discusión en cuanto a la responsabilidad individual en casos de presunta usurpación de funciones. La espera de la decisión del juez respecto a llevarla o no a juicio de fondo añade un elemento de tensión a la situación, que podría tener repercusiones en su futuro profesional y personal. La incertidumbre persiste en cuanto a las consecuencias finales de este caso.