Rodolfo Valentín Santos, de la Defensa Pública, y Trajano Vidal Potentini, del Colegio de Abogados, han expresado su preocupación por los constantes aplazamientos en los tribunales debido a la falta de traslados de los privados de libertad por parte de la Procuraduría General de la República. Ambos abogados han instado a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales a buscar una solución a este problema que afecta la eficiencia del sistema judicial.
Según Santos y Potentini, los aplazamientos por la ausencia de los reclusos en las audiencias judiciales están generando una serie de inconvenientes que afectan tanto a los abogados como a los propios internos. Esta situación demuestra la necesidad de una coordinación efectiva entre las autoridades penitenciarias y los tribunales para garantizar el debido proceso de los detenidos y evitar retrasos innecesarios en sus casos.
Ambos abogados han destacado la importancia de garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad y han señalado que es responsabilidad del Estado garantizar que puedan ejercer sus derechos de defensa de manera oportuna y eficaz. Además, han enfatizado en la necesidad de mejorar la logística y la coordinación entre las instituciones encargadas de facilitar los traslados de los reclusos a las audiencias judiciales.
En este sentido, Santos y Potentini han hecho un llamado a las autoridades competentes a tomar medidas concretas para resolver esta problemática y evitar que se sigan generando retrasos injustificados en el sistema judicial. Han resaltado la importancia de implementar mecanismos que agilicen los traslados de los privados de libertad y aseguren que puedan comparecer ante los tribunales en los plazos establecidos para garantizar un proceso judicial justo y eficiente.
Finalmente, los abogados han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar soluciones a esta situación y han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los detenidos. En este sentido, han enfatizado la necesidad de trabajar en conjunto para mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en el proceso judicial y garantizar que los reclusos puedan ejercer sus derechos de defensa de manera efectiva. Con estas acciones, se busca fortalecer el sistema judicial y garantizar la debida protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en la República Dominicana.
