La ONU adoptó una resolución para proclamar el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo de reducir el impacto de los accidentes de tránsito en la sociedad. Además del sufrimiento humano causado por las lesiones, estos accidentes representan una carga económica significativa para las víctimas y sus familias, tanto en términos de costos de tratamiento como en la pérdida de productividad de quienes fallecen o quedan discapacitados.
En términos más amplios, las lesiones por accidentes de tránsito tienen un impacto severo en las economías nacionales, costando a los países hasta un 3% de su producto interno bruto anual. Para abordar este problema, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha fijado el objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en un 50% para 2030, lo cual requiere la implementación de medidas efectivas.
Algunas de estas medidas incluyen la reducción del riesgo de lesiones y muertes en accidentes de tránsito, así como el control de la velocidad y el desarrollo de infraestructuras urbanas de transporte que puedan dar respuesta al crecimiento del parque automotor. En países como el nuestro, con una alta tasa de mortalidad en tráfico, es fundamental abordar estas variables, como la gran cantidad de motocicletas en el parque vehicular, la falta de control de velocidad y el desarrollo urbano desigual.
El incumplimiento y las sanciones de las regulaciones y leyes de tránsito también juegan un papel importante en la seguridad vial. Es fundamental concientizar a la ciudadanía y a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tráfico y conducir de manera segura para reducir la incidencia de accidentes y salvar vidas en las carreteras. La policía comunitaria y otras organizaciones desempeñan un papel clave en la educación y sensibilización sobre la seguridad vial.