El Procurador Especializado de Crímenes y Delitos contra la Salud reveló que el Ministerio Público actúa junto a Salud Pública para cerrar plantas procesadoras de agua embotellada y hielo que no cumplen con las normas sanitarias. Ejemplificó con el cierre de una fábrica de hielo en Santo Domingo en junio por no tener permiso para operar. Se destacó la importancia de la coordinación con Salud Pública en estos casos, ya que ellos son los encargados de regular el sistema sanitario y determinar qué establecimientos están registrados correctamente.
Se informó sobre una reunión entre Pro Consumidor y la asociación de embotelladores para abordar el tema de asolear el agua que se vende para consumo humano. Se mencionó que no se han intervenido establecimientos por exponer botellas plásticas al sol, ya que estas actividades son normalmente realizadas por Pro Consumidor y Salud Pública. Se mencionó que en caso de clausura de establecimientos ilegales, se busca ofrecer alguna alternativa, como plazos para regularizarse y ocupación de equipos, antes de llegar a un proceso judicial.
Se mencionó que en el país existen más de 1,200 plantas de agua embotellada, pero únicamente 251 cuentan con registro sanitario. El presidente de la Asociación Dominicana de Procesadoras de Agua informó sobre la reunión con Pro Consumidor para coordinar acciones para proteger los botellones de agua del sol. La importancia de que los establecimientos cumplan con las normativas sanitarias fue resaltada, destacando que la salud es un derecho fundamental que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para operar adecuadamente.
El Procurador manifestó su preocupación por aquellos que buscan ganarse la vida poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Se mencionó que en casos graves donde se pueda verificar que el manejo del agua ha provocado daño grave a la salud, se procede a procesar a los responsables ante un juez. Se destacó la importancia de la coordinación entre el Ministerio Público y Salud Pública para llevar a cabo intervenciones en establecimientos ilegales y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias.
Se mencionó que en ocasiones se ofrecen alternativas a los propietarios de establecimientos ilegales antes de proceder a una clausura definitiva, como la retención de equipos y plazos para regularizarse. Se resaltó que la cooperación entre las autoridades de Salud Pública y el Ministerio Público es fundamental para asegurar el cumplimiento de las normativas sanitarias y proteger la salud de los consumidores. Se destacó que la salud es un derecho fundamental que requiere de un registro sanitario, habilitación del centro donde se opera y supervisión técnica para garantizar su correcto funcionamiento.