El Ministerio Público ha solicitado que se abra un juicio en contra de seis acusados por llevar a cabo uno de los mayores fraudes financieros en la historia dominicana, utilizando criptomonedas y falsos puestos de bolsa. Durante la audiencia, se presentaron elementos probatorios que respaldan los cargos y se solicitó que la acusación y las pruebas sean aceptadas en su totalidad, además de mantener la prisión preventiva para el principal acusado, Jairo González. En la defensa realizada por González, el juez decidió separar las querellas reformuladas para avanzar en la etapa preliminar del proceso.
El caso se inició luego de que más de 30 personas presentaran querellas en enero de 2023, alegando haber sido estafadas por más de 100 millones de dólares por el imputado Jairo González. Él se desempeñaba como gerente y propietario de Harvest Trading, captando fondos de inversionistas prometiendo altas ganancias a través de inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas. En la acusación también se incluyeron varias sociedades comerciales relacionadas con el caso, y los acusados enfrentan cargos que van desde asociación de malhechores hasta violación de leyes financieras y de lavado de activos.
El Ministerio Público ha imputado a Jairo González y sus cómplices por violación de múltiples leyes, incluyendo asociación de malhechores, estafa, operación de puestos de bolsa de valores sin autorización y otros delitos relacionados con el mercado financiero. La acusación se basa en el testimonio de las víctimas que aseguran haber sido engañadas y estafadas por los acusados, quienes prometían altas ganancias pero en realidad no invertían sus fondos de manera apropiada. El caso ha generado gran interés en la sociedad dominicana debido a la magnitud del fraude y a la utilización de criptomonedas en el mismo.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron sus conclusiones solicitando al juez que los cargos y las pruebas presentadas sean aceptadas en su totalidad, y que se mantenga la medida de prisión preventiva para el principal acusado. Además, se separaron querellas reformuladas para avanzar en la etapa preliminar del proceso. Este caso ha puesto en alerta a las autoridades y a la población en general sobre los riesgos de invertir en esquemas financieros fraudulentos que prometen ganancias exorbitantes sin fundamentos sólidos.
El Ministerio Público ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre este caso de fraude financiero, recopilando pruebas y testimonios que respaldan las acusaciones contra los acusados. El uso de criptomonedas y la falta de autorización para operar puestos de bolsa de valores son aspectos clave en esta investigación, que busca no solo castigar a los responsables, sino también prevenir futuros fraudes de este tipo en el país. La sociedad dominicana ha quedado sorprendida por la magnitud de este caso y las consecuencias que ha tenido para las víctimas que perdieron grandes sumas de dinero en manos de los acusados.