Los abogados de Chiquito denunciaron que está secuestrado en un pabellón de extraditables en la cárcel de Najayo, donde cumple una condena de 30 años por la muerte del joven estudiante Joshua Fernández. Jaime Terrero y Julio Alberico Hernández, quienes defienden a Chiquito, responsabilizan a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales por cualquier situación que pueda sufrir su cliente.
En abril de 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a Wesly Vicent Carmona, también conocido como El Dotolcito, a 30 años contra Alison de Jesús Pérez Mejía, Chiquito, y 20 años a Luis Brito Troncoso, Luisito, por la muerte de Joshua Fernández. El Ministerio Público acusó a El Dotolcito de asociación de malhechores, robo agravado y homicidio, en violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.
Los abogados de Chiquito explicaron que la situación en la cárcel de Najayo es grave y que su defendido está en peligro, por lo que exigen que se respeten sus derechos y su integridad física. Además, solicitaron una revisión de su situación procesal y penitenciaria para garantizar un trato digno y justo para Chiquito.
La defensa de Chiquito destaca que su cliente ha sido víctima de irregularidades en su proceso judicial y en su situación carcelaria, lo que pone en riesgo su vida. Aseguran que el sistema penitenciario debe velar por la seguridad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, incluyendo a Chiquito.
Ante la situación denunciada por los abogados de Chiquito, es importante que se realice una investigación exhaustiva para determinar si efectivamente está siendo mantenido en condiciones inadecuadas en la cárcel de Najayo. La protección de la vida y la integridad de todas las personas privadas de libertad es fundamental para garantizar un sistema de justicia justo y respetuoso de los derechos humanos.
En conclusión, la denuncia realizada por los abogados de Chiquito sobre su situación en la cárcel de Najayo resalta la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad física de todas las personas privadas de libertad. Es necesario que las autoridades competentes investiguen esta situación y tomen las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de Chiquito y de todos los internos en dicha cárcel.
