La auditora de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Francisca Javier Santos, reveló que seis empresas que no fueron localizadas durante la auditoría recibieron el 50% de los pagos irregulares del caso Coral y Coral 5G, por más de 300 millones de pesos. Durante el juicio de fondo, Javier Santos también señaló irregularidades en la nómina y el departamento de Compras del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde se hicieron pagos a proveedores que no cumplían con su servicio y no pudieron ser localizados al momento de la auditoría. Se detectaron pagos millonarios a personal que no realizaba labores en la entidad y debían devolver parte del dinero a otras personas.
La testigo de la acusación también mencionó que en el Servicio de Inteligencia se hicieron pagos por 89 millones de pesos sin ningún respaldo. Se evidenciaron irregularidades en la compra de raciones alimenticias, adquisición de bienes y servicios sin soporte, combustible y lubricantes. La funcionaria indicó que los pagos eran realizados por el director financiero y la Unidad de Auditoría Interna. Según la acusación, el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, era el cerebro financiero y administrador de las propiedades en el entramado societario, desempeñando cargos en el Cestur, CUSEP y posteriormente en el Conani durante el gobierno de Danilo Medina.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que miembros del Cestur se dedicaron a sustraer dinero a través de maniobras fraudulentas en el caso Coral y Coral 5G. Se movieron al menos 4,500 millones de pesos en propiedades y productos financieros, desviando fondos destinados a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nóminas. La estructura criminal también tomó fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), apartándose de sus responsabilidades y causando un daño económico significativo al Estado dominicano.
Los pagos irregulares y las prácticas fraudulentas realizadas en el caso Coral y Coral 5G revelan una red de corrupción dentro de entidades estatales como el Cestur y el Conani. La falta de controles internos y supervisión permitió que se realizaran pagos a proveedores inexistentes o que no cumplían con los servicios requeridos. El uso indebido de fondos gubernamentales para beneficio personal de los involucrados demuestra la gravedad de la corrupción que afecta el sistema de administración pública en República Dominicana.
Las autoridades dominicanas, a través de la Pepca, están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para identificar a todos los responsables de estas prácticas corruptas y llevarlos ante la justicia. Se espera que el juicio de fondo contra los involucrados en el caso Coral y Coral 5G arroje luz sobre la extensión de la corrupción en las entidades públicas y se tomen medidas para prevenir futuros casos de malversación de fondos y abuso de poder. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos en beneficio de la sociedad dominicana.
Es fundamental que se implementen medidas de control y supervisión más estrictas en las entidades públicas para prevenir y detectar oportunamente casos de corrupción como el caso Coral y Coral 5G. La colaboración entre los organismos de control y las autoridades judiciales es esencial para garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se apliquen sanciones ejemplares a los responsables de malversar fondos públicos. La sociedad dominicana también juega un papel crucial en la lucha contra la corrupción, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades para promover una cultura de integridad y honestidad en la gestión de los recursos del Estado.