Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) coincidieron en que el proyecto de reforma constitucional depositado por el presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional debe ser discutido de forma cuidadosa y consultado con todos los sectores, planteado en términos claros, y decidido al margen de los intereses políticos. Ambas organizaciones sostienen que es importante consolidar la independencia del Ministerio Público, garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, reducir la cantidad de diputados y unificar las elecciones.
PC propone reducir el número de diputados a un máximo de 110, basado en circunscripción territorial, y establecer que los 20 diputados por votación acumulativa a nivel nacional se distribuyan solo entre los partidos que no logren representación congresual y obtengan más del 1% de los votos. También sugiere revisar el artículo 27 de la Constitución para excluir a la República Dominicana del Parlamento Centroamericano y evitar gastos innecesarios y la protección de funcionarios corruptos bajo la inmunidad parlamentaria.
En cuanto a la independencia del Procurador General de la República, PC se opone a que su inamovilidad sea reducida a dos años, ya que considera que esto podría afectar su independencia y permitir que sea removido por motivos políticos. En su lugar, sugiere que se mantenga un período más largo, máximo de 4 años, y que solo sea destituible por juicio político. Además, PC aboga por la unificación de las fechas de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, con el objetivo de reducir el nivel de arrastre y fortalecer la independencia de los gobiernos locales y el Poder Legislativo.
En cuanto a la reelección presidencial, PC defiende mantener el sistema actual que permite al presidente optar por un segundo mandato pero no postularse nuevamente para el mismo cargo ni para la vicepresidencia. Recomienda la inclusión de un nuevo artículo en la Constitución que establezca que ningún funcionario de elección popular pueda beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato en cuanto a las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo.
En cuanto a la posición de la FINJUS, esta organización valora positivamente la consolidación de la figura del Procurador General de la República para garantizar su imparcialidad y separarlo del proselitismo político. Sin embargo, considera que algunos detalles de la propuesta de reforma necesitan ser consensuados para establecer una figura mejor delimitada. La FINJUS subraya la importancia de mantener la independencia y objetividad del PGR en un contexto marcado por el crimen transnacional y la falta de transparencia.
La FINJUS también sugiere analizar con cautela la propuesta de inamovilidad del Procurador General, para evitar resultados contraproducentes. Destaca la necesidad de tomar medidas que conduzcan a mantener la independencia y objetividad del PGR, en un contexto en el que la persecución penal tiene un fuerte componente político. En resumen, tanto PC como la FINJUS coinciden en la importancia de reformar la Constitución de forma cuidadosa y consultada con todos los sectores, con el objetivo de consolidar la independencia del Ministerio Público, garantizar la estabilidad constitucional y fortalecer la democracia en la República Dominicana.
