Demóstenes Martínez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, se opone a la reforma constitucional impulsada por el Poder Ejecutivo para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Según él, esta reforma no solo es innecesaria, sino que también representa un grave atropello contra el equilibrio judicial y la política criminal del Estado dominicano. Martínez afirma que, bajo el pretexto de fortalecer la independencia del Ministerio Público, en realidad se está intentando despojar a este órgano de su verdadera autonomía.
Además, Martínez advierte que el transitorio vigésimo cuarto propuesto en la reforma constitucional busca transferir la responsabilidad de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad del Ministerio Público al Poder Ejecutivo, lo cual impactaría en las facultades asignadas al Procurador y a los fiscales según la Constitución de la República. En su opinión, la designación del Procurador como se plantea en la propuesta es intrascendente ya que siempre estará sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo. Además, destaca que la inamovilidad por dos años del Procurador General lo hace más dependiente del PE, ya que para poder continuar en el cargo, deberá mantener una gestión que sea del agrado del mandatario.
El ex legislador también critica que la reforma propuesta elimina parte del artículo 169 de la Constitución, el cual otorga al Ministerio Público la tarea de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. En este sentido, Martínez considera que la propuesta de reforma constitucional busca quitar poder y facultades al Ministerio Público para transferirlas al Poder Ejecutivo, creando una reserva de ley que impactará en las responsabilidades asignadas al Procurador y a los fiscales según lo establecido en la Constitución.
En relación con la propuesta de designación del Procurador, Martínez señala que esta no garantiza la independencia del Ministerio Público y lo hace más vulnerable a las influencias del Poder Ejecutivo. Además, el ex presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de República Dominicana advierte que la inamovilidad por dos años del Procurador General puede generar una dependencia aún mayor del PE, ya que la continuidad en el cargo dependerá de mantener una gestión que sea del agrado del mandatario en funciones.
En resumen, Demóstenes Martínez expresa su oposición a la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo para fortalecer la independencia del Ministerio Público, argumentando que esta medida socava la autonomía de la institución y busca transferir sus responsabilidades al ámbito del Poder Ejecutivo. Martínez critica la forma de designación del Procurador plasmada en la propuesta, ya que considera que esta no garantiza la independencia del Ministerio Público y lo hace más vulnerable a las influencias políticas. Él sostiene que la reforma constitucional atenta contra el equilibrio judicial y la política criminal del Estado dominicano, y advierte sobre las posibles consecuencias negativas de esta propuesta en la lucha contra la criminalidad en el país.
