Manuela Ramírez y Carlos Moreno, abogados en la República Dominicana, respaldan los acuerdos suscritos por el Ministerio Público con imputados en casos judiciales de alto perfil, destacando su legitimidad y los múltiples beneficios que generan. Ramírez ha participado en la firma de diversos acuerdos de este tipo y asegura que se han llevado a cabo dentro del marco de la legalidad, siendo esenciales para el sistema de justicia penal en el país. Estos acuerdos son mecanismos previstos por la ley en los cuales el imputado reconoce su culpabilidad y su participación en los hechos investigados, tras una exhaustiva investigación del Ministerio Público basada en pruebas sólidas.
Estos acuerdos, además, han sido homologados por los jueces correspondientes, cumpliendo estrictamente con los criterios establecidos por la ley. Ramírez destaca que los acuerdos ofrecen una amplia gama de beneficios que impactan positivamente tanto al sistema de justicia como a la sociedad dominicana en su conjunto. Estos acuerdos ayudan al descongestionamiento del sistema de justicia penal y abrevian el aspecto económico del Estado, ya que evitan juicios prolongados y costosos. También ofrecen justicia oportuna y reparan de manera eficiente, fortaleciendo la acusación del Ministerio Público y acreditando la responsabilidad de los involucrados en los hechos investigados.
Carlos Moreno, otro abogado que respalda los criterios de oportunidad en los acuerdos del Ministerio Público, destaca los beneficios que estos traen para la sociedad y la justicia en la República Dominicana. Estos criterios de oportunidad son acuerdos que históricamente no habían llegado a un fin con una condena, pero que han permitido eficientizar la investigación y presentar acusaciones en un tiempo récord. Las personas que firman este tipo de acuerdos no solo aportan pruebas sobre cómo sucedieron los hechos punibles, sino que también involucran a otros imputados en el proceso, contribuyendo a fortalecer la acusación del Ministerio Público.
Estos acuerdos han permitido recuperar cientos de miles de millones de pesos de manera eficaz, además de colaborar en la investigación para presentar una acusación con testigos idóneos. Moreno explica que los criterios de oportunidad son figuras jurídicas alternativas que ayudan a culminar procesos de manera eficiente, recuperar capitales y bienes sustraídos, y evitar su disipación. En cuanto a la confusión generada en la opinión pública sobre un caso de corrupción donde se afirmó que los bienes no fueron decomisados, Moreno aclara que esto se debe a un malentendido sobre el término "decomiso", explicando que este ocurre tras una condena penal, mientras que en este caso lo que sucedió fue una "devolución voluntaria" de bienes ilícitamente obtenidos.
En resumen, los acuerdos suscritos por el Ministerio Público con imputados en casos judiciales de alto perfil cuentan con respaldo legal y ofrecen múltiples beneficios para el sistema de justicia penal en la República Dominicana. Estos acuerdos, homologados por jueces y basados en investigaciones exhaustivas, contribuyen al descongestionamiento del sistema de justicia y al fortalecimiento de la acusación del Ministerio Público. Los criterios de oportunidad en estos acuerdos han permitido acelerar investigaciones, presentar acusaciones de manera eficiente y recuperar fondos públicos de forma efectiva. A pesar de la confusión generada en un caso específico, es importante destacar que estos acuerdos son herramientas legales que cumplen con las normativas establecidas y benefician tanto a la sociedad como al sistema de justicia en el país.
