El Tribunal Constitucional de la República Dominicana aceptó revisar una objeción a las leyes que criminalizan el sexo gay en el que participen miembros del ejército y de la policía, las cuales datan del siglo pasado. En la historia reciente de este país conservador del Caribe, es la primera vez que alguien objeta tales leyes que castigan las acciones relacionadas con el sexo gay con hasta dos años de prisión para los policías y un año para los militares. A pesar de que los procesos penales por este motivo son poco comunes, la aceptación de la objeción para revisar las leyes demuestra que es un paso importante en la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las personas LGTBQ+ en República Dominicana.
Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch, señaló que estas leyes perpetúan la discriminación y los prejuicios contra las personas LGTBQ+ al señalar a un grupo social vulnerable y dar legitimidad jurídica a la discriminación. El Tribunal Constitucional de República Dominicana está actualmente deliberando sobre las leyes, que datan de 1953 para el ejército y 1966 para la policía. La impugnación presentada al tribunal establece que estas leyes constituyen una amenaza constante para los miembros del ejército y la policía, quienes viven con el temor de ser sancionados en cualquier momento por violar estas leyes.
Aunque no se sabe cuántos miembros del ejército y la policía han sido sancionados o dados de baja por presuntamente violar estas leyes, hay casos documentados en los cuales personas LGTBQ+ han enfrentado represalias por su orientación sexual. En un caso, un sargento del ejército fue dado de baja después de que un video donde aparece teniendo sexo con otro hombre se viralizara. Este militar apeló la decisión y se encuentra a la espera de un fallo del tribunal. En otro caso, una mujer policía fue ordenada a pasar seis meses en prisión, pero no objetó la orden por temor a ser identificada formalmente como lesbiana y enfrentar represalias.
Anderson Dirocie, uno de los abogados que han objetado las leyes, explicó que en República Dominicana existe una estigmatización generalizada hacia las personas LGTBQ+, a pesar de que el sexo homosexual entre civiles está permitido en el país. Dirocie, un hombre gay de raza negra, decidió objetar las leyes junto con otro abogado, a pesar de que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y no pueden ser apeladas. El tribunal tiene cuatro meses para emitir un fallo y se requerirá una mayoría mínima de nueve miembros para aprobarla. La procuraduría general del país deberá decidir sobre los cambios directos a la Constitución que se presentaron ante el tribunal.
En comparación con otros países latinoamericanos y Estados Unidos, República Dominicana aún mantiene leyes que criminalizan el sexo gay en los cuerpos militares y policiales. Países como Venezuela, Perú, Ecuador y Estados Unidos han eliminado leyes similares en el pasado, abriendo la puerta a la inclusión de personas LGTBQ+ en las fuerzas armadas. En Estados Unidos, la política de "no preguntar, no decir" que prohibía a los homosexuales y lesbianas incorporarse al ejército finalizó en 2011, permitiendo que miembros de la comunidad LGTBQ+ se unieran sin tener que ocultar su orientación sexual. Sin embargo, el ejército estadounidense dio de baja a más de 100.000 elementos por su identidad sexual o de género antes de la derogación de esta política.
