El avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue confiscado en República Dominicana por los Estados Unidos con la asistencia de las autoridades locales y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares. El fiscal Merrick B. Garland denunció que el avión fue adquirido a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus asociados.
Esta operación fue realizada por Estados Unidos en la República Dominicana y se basó en las violaciones de las sanciones impuestas a Venezuela, según informó el Departamento de Justicia. El Gobierno estadounidense confirmó la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre. Se reveló que personas afiliadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión.
El presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva en agosto de 2019 que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que actúen en nombre del Gobierno de Venezuela. El Departamento de Justicia continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional. La Oficina de Campo de Miami del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Con la incautación del avión se intenta enviar un mensaje claro de que las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer. Durante años, el Gobierno estadounidense ha confiscado numerosos activos, como vehículos de lujo, que se dirigían a Venezuela, pero esta incautación es de gran relevancia y simbolismo. En abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, acusando a Maduro de incumplir sus compromisos electorales.
Tras las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido crítico con el Gobierno de Maduro. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con los estándares de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes del país. El Gobierno venezolano respondió que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Maduro y criticó la intervención en asuntos internos por parte del Departamento de Estado de EE.UU.
