Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses y otras cuestiones penales. El avión fue llevado a Florida el lunes, en medio de una relación fría entre ambos países, y marcando una escalada en las investigaciones sobre prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela. Funcionarios estadounidenses describen el avión como el equivalente venezolano del Air Force One, utilizado en visitas de estado anteriores de Maduro.
El Departamento de Justicia alega que el avión, un Dassault Falcon 900EX, fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para ser utilizado por Maduro y sus aliados. Fue exportado ilegalmente en abril de 2023 desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe, y utilizado casi exclusivamente para viajes internacionales de Maduro desde una base militar en Venezuela. El gobierno venezolano calificó la incautación como "piratería" y acusó a Washington de intensificar la "agresión" hacia el gobierno de Maduro.
Durante años, las autoridades estadounidenses han intentado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares hacia el régimen venezolano. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ha confiscado vehículos de lujo y otros bienes que se dirigían a Venezuela en violación de las sanciones estadounidenses. Las agencias federales, incluida la HSI, han desmantelado miles de millones de dólares de ingresos ilícitos del gobierno venezolano, incluyendo embargos y liquidaciones de cuentas bancarias.
A principios de este año, Estados Unidos volvió a imponer sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela en respuesta al fracaso del gobierno de Maduro de permitir elecciones inclusivas. Tras la reelección polémica de Maduro en julio, Venezuela suspendió los vuelos comerciales hacia y desde República Dominicana. Las agencias federales han estado investigando al gobierno venezolano por corrupción, narcotráfico y otras acusaciones.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y otros funcionarios venezolanos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. También se ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro. El gobierno de Venezuela ha denunciado las acciones de Estados Unidos como "piratería" y ha acusado a Washington de presionar a otros países para que cooperen en sus actos criminales.
Las autoridades estadounidenses trabajaron en estrecha colaboración con la República Dominicana, donde el avión de Maduro estaba en mantenimiento en el momento de la incautación. A pesar de la respuesta negativa del gobierno venezolano, Estados Unidos continúa investigando y tomando medidas enérgicas contra lo que consideran prácticas corruptas y violaciones de sanciones por parte del gobierno de Venezuela. El conflicto entre ambas naciones parece lejos de resolverse, y la incautación del avión presidencial de Maduro marca un punto crucial en esta tensa relación.
