El avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue confiscado en República Dominicana por los Estados Unidos con asistencia de las autoridades locales y transferido a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares. El fiscal Merrick B. Garland denunció que la aeronave fue adquirida “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”. Esta operación se basó en violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, según informó el Departamento de Justicia.
El Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre. Según la investigación, personas afiliadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión. El avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela en abril de 2023 y desde entonces ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes.
El presidente dominicano, Luis Abinader, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclararon que el avión confiscado por Estados Unidos no estaba a nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, ni del gobierno de Venezuela, sino de un ente privado. El mandatario indicó que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento y que no estaba registrada a nombre del gobierno venezolano. La nave fue retenida por el Ministerio Público en mayo pasado a requerimientos de autoridades de Estados Unidos como parte de un proceso de investigación criminal.
El Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro. En un comunicado, el Ejecutivo de Maduro tildó la confiscación de “piratería” y denunció que Estados Unidos utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a países como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales. El Gobierno venezolano considera que esta acción no es aislada y forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno luego de las elecciones del 28 de julio.
En cuanto a la situación del avión, el Canciller especificó que las autoridades dominicanas no han participado en la investigación que llevan a cabo autoridades judiciales de Estados Unidos, por lo que el Gobierno Central remitió al Ministerio Público, que calificó como independiente, si se deseaban mayores detalles sobre la incautación del avión. Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela se ha pronunciado en contra de la confiscación y ha denunciado que se trata de una práctica criminal por parte de Estados Unidos justificada en las sanciones aplicadas contra altos funcionarios chavistas en los últimos años.