Una treintena de exmandatarios iberoamericanos solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la captura y detención inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro, su número dos Diosdado Cabello y toda la cadena de mando del país. Este grupo de expresidentes incluye a figuras como Andrés Pastrana, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe, Iván Duque, Mauricio Macri, Vicente Fox y Carlos Mesa, entre otros.
Los exmandatarios, que son parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), presentaron un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la CPI en el que denuncian violaciones generalizadas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta denuncia se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021, después de haber examinado denuncias de varios países.
La investigación de la CPI se centra en Venezuela en su totalidad y no en funcionarios específicos del país latinoamericano. Los exlíderes iberoamericanos destacaron en su informe la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que designa a Maduro como comandante en jefe, convirtiendo al país en un Estado militar en lugar de civilista. Por lo tanto, Maduro es considerado directamente responsable de los crímenes a través de la cadena de mando operativa.
Andrés Pastrana ofreció la cooperación del grupo IDEA a la Corte Penal Internacional para recopilar evidencias, pruebas y apoyo legal que permitan avanzar rápidamente en la causa contra Venezuela. Durante la reunión, también expresaron su preocupación por la seguridad de líderes opositores como Edmundo González y María Corina Machado, así como por los más de 1.200 detenidos políticos en el país. Esta solicitud de detención se fundamenta en la acusación de terrorismo de Estado promovido directamente por Nicolás Maduro.
La apertura de la investigación formal contra Venezuela en la CPI se dio en noviembre de 2021, tras examinar las denuncias de diversos países sobre crímenes de lesa humanidad en el país desde febrero de 2014. Los exmandatarios firmantes del documento parecen estar comprometidos con lograr que la Fiscalía actúe rápidamente en el caso contra Venezuela y buscan obtener la máxima cooperación para recopilar pruebas sólidas que respalden las acusaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el régimen de Maduro.