El descontento con los gobiernos comienza temprano en los ciclos electorales debido a las demandas acumulativas de la población en áreas como la educación, la salud, la seguridad social, los apagones, la seguridad vial, la delincuencia, y las debilidades en los códigos penal y laboral. Existe una renuencia a pagar más impuestos y a realizar una reforma fiscal que reduzca la dependencia del endeudamiento público y promueva soluciones a problemas estructurales.
El país enfrenta desafíos en temas como la reforma agraria, el financiamiento a microempresas, la informalidad económica, la protección a adultos mayores, y la violencia de género. En el sector de la salud, persisten problemas como la falta de cobertura, la calidad de los servicios, y las deficiencias en la atención primaria. Además, se señalan deficiencias en la infraestructura hospitalaria, la falta de personal, y los procesos ineficientes de atención.
La distribución de la energía eléctrica también presenta problemas, con una alta evasión de pagos por parte de los consumidores y deficiencias en la gestión de las empresas distribuidoras. La falta de inversión en equipos y la renuencia a regular la potencia en la transmisión ha provocado caídas en el suministro eléctrico. Se señala la existencia de conexiones ilegales y prácticas delictivas que debilitan el sistema eléctrico.
En cuanto a la seguridad vial, el país registra altos índices de mortalidad debido a la falta de regulación en el transporte, la presencia de motocicletas no aseguradas, la falta de certificación de vehículos, y la permisividad hacia el consumo de alcohol al conducir. La corrupción judicializada y la impunidad en casos de corrupción también generan preocupación en la sociedad civil.
Las fallas en el Sistema de Información Catastral obstaculizan el acceso al crédito y el desarrollo de la agricultura, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para acceder a financiamiento y competir en un entorno dominado por grandes empresas. Se señala la necesidad de implementar una doctrina que garantice el cumplimiento de las leyes y derechos para mejorar el bienestar social.
En resumen, República Dominicana enfrenta desafíos en áreas clave como la educación, la salud, la seguridad, la energía eléctrica, el transporte, la corrupción y el desarrollo rural. Se requiere una mayor atención a las necesidades de la población, una reforma fiscal que promueva la sostenibilidad económica y social, y una mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno para abordar de manera efectiva los problemas estructurales del país.