La propuesta de modificación a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia busca corregir aspectos contrarios a la Constitución, vulneraciones de derechos fundamentales, falta de transparencia en la administración pública y suplantación de funciones de otras entidades del Estado. Entre los artículos que se proponen modificar se encuentran el 9, 11, 13, 22, 26 y 27, con el objetivo de garantizar el debido proceso de ley en las investigaciones realizadas por la DNI y establecer controles para el ingreso y salida de personas extranjeras del territorio nacional.
En relación al artículo 9 de la ley vigente, se plantea cambiar el numeral (1) para que las investigaciones llevadas a cabo por la DNI cumplan con el debido proceso de ley y sean autorizadas por una autoridad competente que determine si atentan contra los intereses nacionales, subvierten el estado de derecho o ponen en riesgo la seguridad nacional. También se propone modificar el control de ingreso y salida de personas extranjeras para que sea realizado en colaboración con la Dirección General de Migración.
En cuanto al artículo 11, se propone que la entrega de informaciones a la DNI requiera una orden judicial previa, así como el cumplimiento de procedimientos legales y la protección de los derechos a la intimidad y el honor de las personas. Se elimina la obligatoriedad de entrega de información sin cumplir con garantías de derechos y se establece la elaboración de una carpeta con datos específicos para la investigación de una persona.
Por otro lado, en el artículo 13 se propone que la determinación de que las actividades investigadas atenten contra los intereses nacionales sea realizada por una autoridad competente. Se busca garantizar que las actividades de la DNI se sujeten a los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia y calidad en la administración pública, en lugar de contar con recursos económicos sujetos a confidencialidad de gastos reservados.
Finalmente, los artículos 26 y 27 serían modificados para eliminar las sanciones de prisión que contienen, penalizando a quienes oculten o divulguen información requerida por la DNI con cárcel de dos a tres años. La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia ha sido objeto de criticas por parte de varios sectores por contener normas que pueden amenazar y violar derechos fundamentales, como la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y la confidencialidad de las fuentes de información.