El Ministerio Público está haciendo un último esfuerzo para ganar la batalla en el caso Odebrecht al demostrar ante el Tribunal Constitucional que los jueces de la tercera sala penal de la Suprema Corte violaron los precedentes de ambas altas cortes y derogaron y modificaron leyes a través de jurisprudencia. El recurso de revisión constitucional presentado por la Procuraduría Anticorrupción ataca la sentencia emitida el 31 de julio por los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo, Fran Soto y María Garabito, quienes absolvieron a los únicos condenados en el proceso por los sobornos de la constructora brasileña: el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario y asesor de Odebrecht en el país Ángel Rondón.
La Pepca decidió llevar la decisión de la SCJ al Tribunal Constitucional por siete razones. En primer lugar, afirman que la SCJ "desnaturalizó el recurso de casación". Además, argumentan que desmontó el sistema de contrataciones públicas establecido en la Ley 340-06 y el sistema de declaración jurada de patrimonio. También señalan que se derogó el enriquecimiento ilícito y se modificó la Ley 340-06 a través de jurisprudencia. La Pepca destaca que los jueces de la SCJ fallaron en contra de los precedentes de la alta corte y contrariaron varios precedentes del Tribunal Constitucional.
En su intento por revertir la sentencia y aumentar la condena a los absueltos, el Ministerio Público buscará demostrar ante el Tribunal Constitucional que la decisión de la SCJ fue incorrecta y va en contra de los principios establecidos en la ley. La sentencia de los magistrados que absolvieron a Díaz Rúa y Rondón por falta de pruebas será cuestionada por el órgano de persecución, que argumentará que dicha decisión desvirtuó el recurso de casación y afectó el sistema de contrataciones públicas y la declaración jurada de patrimonio.
El caso Odebrecht ha sido uno de los más importantes en la lucha contra la corrupción en América Latina, y las decisiones judiciales relacionadas con este caso han sido ampliamente seguidas en República Dominicana. El esfuerzo del Ministerio Público por llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional muestra la determinación de las autoridades de combatir la corrupción y garantizar que se haga justicia en este caso en particular.
A través del recurso de revisión constitucional presentado ante el Tribunal Constitucional, la Procuraduría Anticorrupción busca corregir lo que considera errores en la sentencia de la SCJ y asegurarse de que se respeten los principios legales establecidos en la lucha contra la corrupción. La Pepca argumentará ante el TC que los jueces de la SCJ no solo violaron los precedentes de las altas cortes, sino que también modificaron leyes a través de jurisprudencia, lo cual consideran inaceptable en un caso tan importante como el de Odebrecht en República Dominicana.
El desenlace de este caso tendrá un gran impacto en la lucha contra la corrupción en República Dominicana y sentará un precedente sobre cómo se abordan este tipo de casos en el futuro. La decisión que tome el Tribunal Constitucional será crucial para determinar si se hace justicia en este caso y si se castiga a los responsables de los actos de corrupción relacionados con Odebrecht.