En la República Dominicana, el próximo sábado 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, una fecha importante que resalta la importancia de estos espacios como lugares de recreación para los dominicanos y como parte fundamental del turismo en el país. Sin embargo, a pesar de la relevancia de las playas, no existe una ley específica que regule su uso público, lo que se considera una tarea pendiente.
El consultor económico y experto en turismo, Juan Lladó, enfatizó que las playas son de dominio público y que el derecho a la propiedad privada no puede impedir el acceso de los visitantes a estos espacios. Señaló la necesidad de que exista una regulación que establezca los requisitos para la apertura de áreas de acceso a las playas para los visitantes, y que obligue a los propietarios de hoteles y terrenos playeros a permitir su uso por parte del público.
En otros países como España, Nicaragua y Costa Rica, existen leyes específicas conocidas como Ley de Costa, las cuales fueron creadas en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estas leyes regulan el uso de las playas, estableciendo normas sobre el acceso público, el ambulantaje, los usos recreacionales permitidos, así como medidas de preservación y conservación para proteger estos espacios naturales.
En la Constitución de la República Dominicana se establece que los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, respetando siempre el derecho de propiedad privada. Esta disposición constitucional garantiza que los propietarios de inmuebles no pueden obstaculizar el acceso a las playas, costas y riberas, lo que refuerza la importancia de contar con una ley específica que regule el uso de estos espacios.
Juan Lladó destacó la necesidad de que la nueva ley abarque no solo el acceso a las playas, sino también normativas que regulen aspectos como la conservación, la prevención de la erosión y la protección del medio ambiente marino. Se refirió a que una regulación integral sería preferible para garantizar un desarrollo sostenible de la zona costera-marina y para promover un uso responsable y equitativo de estos recursos naturales tan importantes para el turismo en el país.
En conclusión, la falta de una ley específica que regule el uso de las playas en la República Dominicana es una tarea pendiente que requiere atención urgente. A través de una nueva legislación, se podrían establecer normas claras para proteger y preservar estos espacios naturales, garantizando el acceso público y promoviendo un desarrollo turístico sostenible en armonía con el medio ambiente marino.
