En una situación reciente en Bávaro, Verón, Punta Cana, dos senadores y un obispo expresaron su indignación por el maltrato que agentes de Migración infligieron a indocumentados, así como por la persecución de un autobús que transportaba haitianos por parte de la policía de control migratorio en las calles de la zona. Los senadores Dionis Sánchez y Antonio Marte criticaron la actuación de los agentes de Migración, que siguieron al autobús en una camioneta mientras el conductor intentaba perderlos.
El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, también se pronunció al respecto, reclamando a Migración que se adhiera a las leyes y respete los derechos de los inmigrantes haitianos. Se mostró especialmente preocupado por el trato que reciben estos indocumentados a manos de las autoridades, instando a una investigación para detener cualquier actividad ilegal o abusiva en contra de ellos.
El senador Dionis Sánchez, representante de la provincia de Pedernales por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), enfatizó la importancia de llevar a cabo la repatriación de indocumentados de manera respetuosa, sin afectar su integridad o dignidad. Por su parte, el senador Antonio Marte, quien también es transportista de pasajeros y representa a la provincia de Santiago Rodríguez por el Partido Primero la Gente, condenó el abuso de autoridad cometido al perseguir y detener al autobús que transportaba a los haitianos.
La actuación de las autoridades en este caso fue descrita como un abuso, ya que los inspectores de Migración ordenaron detenerse al autobús, el cual abandonó el lugar y fue perseguido hasta que finalmente fue detenido por agentes armados que no llegaron a disparar. Tanto los senadores como el obispo coincidieron en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y exigieron que se detengan cualquier tipo de prácticas ilegales o abusivas en contra de los indocumentados.
Por último, se instó a una investigación profunda para esclarecer lo sucedido y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro. La defensa de los derechos de los inmigrantes, la dignidad humana y el respeto a las leyes deben ser prioritarios en todas las acciones de las autoridades encargadas de velar por el control migratorio y la seguridad de la población. En este sentido, la sociedad civil y las instituciones deben estar vigilantes para garantizar que se respeten los derechos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.