En Haití, al menos 208 personas fueron asesinadas entre enero y marzo, incluyendo 13 policías, mientras que otras 158 resultaron heridas en ataques armados, según un informe de la ONG Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos. Se reportaron cinco ataques armados en diferentes zonas, así como numerosos secuestros. Además, hubo casos de represión en manifestaciones, con muertos y heridos, incluyendo periodistas.
Se registraron 64 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluyendo violaciones colectivas. También se reportaron ataques a instituciones y comercios, con 19 comisarías de policía, cinco juzgados de paz y un tribunal de primera instancia entre los objetivos. Grupos armados instalaron puestos de peaje y se hicieron presente en diferentes comunidades, generando miedo y caos.
La situación empeoró con la acción de bandas armadas como G-9 an Fanmi e Alye y G-pèp, que formaron la federación ‘Viv Ansanm’ y declararon una ‘revolución’. Estos grupos impusieron el terror a través de asesinatos, violaciones y secuestros, extorsionando a la población y obstaculizando la libre circulación de las personas en el país. La organización denunció la connivencia de las autoridades estatales y empresariales con estas bandas.
La Policía Nacional de Haití enfrenta dificultades debido a la falta de liderazgo y a la connivencia de algunos miembros con grupos criminales. Los hospitales y centros de salud se han visto afectados por la inseguridad, la falta de suministros y la escasez de combustible y medicamentos. Durante el primer trimestre de 2024, se registraron catastróficos niveles de violencia y vulneración de los derechos humanos en el país.
Desde la asunción del primer ministro Ariel Henry en 2021, Haití ha vivido un aumento de la inseguridad, la impunidad y la banalización de la vida, con constantes violaciones de los derechos humanos. La población se ve afectada por la violencia y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. La situación es crítica y requiere acciones urgentes para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de todas las personas en el país.
