La investigación de una red de estafas inmobiliarias en República Dominicana ha revelado la participación de cuatro nuevos involucrados, elevando el número total de personas implicadas a 11 individuos y dos empresas. Se estima que esta red defraudó a más de 500 personas, con un monto total de RD235 millones y US$10 millones. La acusación presentada por la directora de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, señala que los acusados crearon empresas ficticias para ofrecer proyectos inmobiliarios inexistentes, engañando a sus víctimas con un estilo de vida lujoso financiado por los fondos robados.
Los acusados, liderados por Emmanuel Rivera Ledesma, operaban a través de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para llevar a cabo los fraudes. Enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos. Además, la investigación ha revelado defraudación tributaria, ya que las empresas no cumplieron con sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La complejidad de esta red de estafas inmobiliarias ha sido motivo de preocupación para las autoridades, quienes continúan investigando el alcance total de las actividades fraudulentas.
El desmantelamiento de la red de estafas inmobiliarias se llevó a cabo a través de 25 allanamientos en varias provincias de República Dominicana, incluyendo San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. Durante los allanamientos, se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, como parte de las medidas tomadas para frenar las actividades fraudulentas y garantizar la justicia para las víctimas. La relevancia de este caso ha suscitado un amplio interés público en el país, generando debate sobre la necesidad de fortalecer el sistema legal para prevenir este tipo de fraudes en el futuro.
La participación de nuevos involucrados en la red de estafas inmobiliarias ha ampliado la complejidad del caso, arrojando luz sobre el alcance de las actividades fraudulentas y la sofisticación de los métodos utilizados por los acusados. La acusación presentada por la directora de la Dirección General de Persecución ha detallado cómo los acusados se valieron de empresas ficticias para engañar a sus víctimas con proyectos inmobiliarios inexistentes, creando una fachada de legitimidad para sus acciones fraudulentas. La gravedad de los cargos que enfrentan los acusados refleja la magnitud del daño causado a cientos de personas que confiaron en ellos.
El impacto de la red de estafas inmobiliarias ha sido devastador para las personas afectadas, quienes han perdido grandes sumas de dinero confiando en proyectos fraudulentos que prometían un estilo de vida lujoso. La detención y acusación de los responsables de esta red fraudulentas representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y el crimen financiero en República Dominicana. El desmantelamiento de esta red envía un mensaje claro a aquellos que buscan cometer actividades delictivas, demostrando que las autoridades están vigilantes y trabajando para garantizar que la justicia prevalezca.
