El director general de prisiones, Roberto Hernández Basilio, explicó que el incidente ocurrido en el Recinto Penitenciario de Azua, donde un reo murió y el director de la cárcel resultó herido, se debió a una falta de protocolos. Según Hernández, antes de que un reo entre a la oficina de un gestor carcelario, se deben seguir varios procesos, y el Ministerio Público está investigando el caso para esclarecerlo. De acuerdo con la información proporcionada, el reo Deiby Ramírez (Yembrón) ingresó a la oficina del coronel Ricardo Bidó con un arma, lo que provocó un forcejeo entre ambos.
Después de lo sucedido, un equipo de negociadores de alto nivel se trasladó en helicóptero y pasó más de dos horas tratando de convencer al recluso de liberar al coronel Bidó, que seguía secuestrado. Sin embargo, ante la negativa del reo, se vieron obligados a usar la fuerza. Hernández destacó que el proceso de negociación tenía como objetivo salvar la vida tanto del internado como del coronel, pero las circunstancias llevaron a la intervención de la fuerza.
El director de prisiones mencionó que la ley 113-01 establece un nuevo marco jurídico en el reglamento de los centros penitenciarios en el país, con el fin de unificar el sistema penitenciario conforme al "Nuevo modelo penitenciario". Este modelo no se limita a proporcionar una cama a cada recluso, sino que busca integrar aspectos como la estructura física, procesos y protocolos para favorecer la reinserción social de los internos.
En cuanto a la problemática de la sobrepoblación carcelaria en la República Dominicana, Hernández Basilio señaló que el nivel de hacinamiento en las cárceles del país es del 162 por ciento y afirmó que un gran porcentaje de presos continúa durmiendo en el suelo. Para abordar este problema, se espera que los nuevos centros penitenciarios que están pendientes de entrega puedan aportar alrededor de 9,500 nuevas celdas, lo que reduciría significativamente la sobrepoblación.
El funcionario depositó la responsabilidad de la entrega de estas nuevas instalaciones en el Ministerio de la Vivienda (MIVED) y explicó que la demora en la conclusión de proyectos como Las Parras en San Antonio de Guerra y Pedro Corto en San Juan de la Maguana se debe a problemas legales surgidos durante los procesos de investigación realizados por la Procuraduría General de la República. Hernández se mostró optimista al afirmar que, si se logra completar estas obras en un plazo de 18 meses, la República Dominicana podría convertirse en el primer país de América Latina en eliminar la sobrepoblación carcelaria.
En el marco de la reforma constitucional de 2010, se enfatizó la importancia de reformar a los individuos de cara a la reinserción carcelaria, dando prioridad a la devolución de los individuos reformados a la sociedad. Hernández sostuvo que el objetivo no es simplemente apartar a los antisociales de la sociedad, sino que el Estado tiene la obligación de reformarlos y reintegrarlos en condiciones que les permitan convivir de manera adecuada en la sociedad. Todo esto en el marco de un nuevo enfoque de reinserción social y respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios del país.