La abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, Laura Acosta, informó a través de redes sociales que la residencia de su cliente estaba siendo allanada. Acosta denunció que las autoridades no permitían que los abogados de Beras ingresaran a la casa para ver las órdenes judiciales correspondientes. Esta situación se dio luego de que se llevara a cabo un proceso de contratación con la empresa Transcore Latam para el plan de semaforización del Gran Santo Domingo, en el que supuestamente hubo irregularidades que no fueron detectadas por organismos de control como la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
En una entrevista en el programa radial "El Sol de la Mañana", Hugo Beras expresó su preocupación por la falta de funcionamiento de los organismos de control del Estado en el proceso de contratación con Transcore Latam. Según Beras, tanto Compras y Contrataciones Públicas como la Contraloría aprobaron todo el proceso sin advertir de posibles irregularidades, lo cual permitió que se llevara a cabo el contrato con la empresa mencionada. Esta situación pone en tela de juicio la efectividad de los controles internos del Estado y plantea la necesidad de una revisión profunda de los procesos de contratación y licitación en el país.
La falta de funcionamiento de los organismos de control y la aprobación de procesos irregulares por parte de la Contraloría y Compras y Contrataciones Públicas deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema de contratación pública en la República Dominicana. Hugo Beras aseguró que nadie alertó sobre las posibles fallas en el proceso de contratación con Transcore Latam, lo que permitió que se llevara a cabo el contrato sin mayores obstáculos. Esta situación genera preocupación entre la población y plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el ámbito de las contrataciones públicas.
El allanamiento a la residencia de Hugo Beras y las declaraciones realizadas por el exdirector del Intrant evidencian la falta de transparencia y el posible manejo irregular de los procesos de contratación en el país. La intervención de las autoridades en la casa de Beras, sin permitir la presencia de sus abogados, genera incertidumbre y cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad en el país. Esta situación refuerza la necesidad de una mayor vigilancia y control en el ámbito de las contrataciones públicas para evitar posibles actos de corrupción y fraude.
La denuncia realizada por la abogada Laura Acosta y las declaraciones de Hugo Beras ponen en entredicho la integridad de los organismos de control del Estado y plantean la urgencia de implementar medidas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito de las contrataciones públicas. La falta de supervisión y vigilancia en los procesos de contratación permite la realización de contratos irregulares que pueden perjudicar los intereses del Estado y de la población en general. Es necesario reformar los mecanismos de control y supervisión para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos.
En conclusión, el caso del allanamiento a la residencia de Hugo Beras y las denuncias realizadas por su abogada y por él mismo evidencian la fragilidad de los controles internos en el ámbito de las contrataciones públicas en la República Dominicana. La falta de supervisión y la aprobación de procesos irregulares por parte de los organismos de control del Estado ponen en riesgo la transparencia y la legalidad en la gestión de contratos públicos. Es fundamental implementar medidas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en este ámbito para prevenir posibles actos de corrupción y asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos.