El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha solicitado a la Dirección de la Policía Nacional un informe sobre las muertes de personas en conflicto con la ley penal en supuestos intercambios de disparos que involucran a agentes del orden. En la carta, se menciona el caso de un adolescente fallecido en Monte Plata, así como la cifra de 54 ciudadanos que han perdido la vida en enfrentamientos con la Policía Nacional en lo que va del año. Ulloa expresó su preocupación por la rapidez con la que esta información se difunde en los medios de comunicación, lo que genera dudas sobre el uso proporcional de la fuerza letal por parte de los agentes.
El documento señala que la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece como principio fundamental la actuación proporcional, por lo que el uso de la fuerza solo es válido como último recurso y debe obedecer a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. La Dirección de Asuntos Internos tiene la responsabilidad de investigar las inconductas cometidas por los servidores de la policía y el uso excesivo de la fuerza. En virtud de la Ley que creó el Defensor del Pueblo, se solicita un informe detallado de las medidas adoptadas en el caso del adolescente fallecido, así como la cantidad de fallecidos en acciones policiales durante 2024 y las investigaciones iniciadas por uso excesivo de la fuerza.
Ulloa reconoce la labor de la Policía Nacional en garantizar la paz y seguridad de la ciudadanía, pero enfatiza la importancia de que estas acciones se realicen respetando los derechos establecidos en la Constitución de la República Dominicana. El Defensor del Pueblo ha otorgado un plazo de 30 días a la Policía para entregar la información solicitada en cumplimiento de la ley. La transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de las autoridades es fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.
En este sentido, es necesario que la Policía Nacional brinde información clara y detallada sobre cada caso de muerte en conflicto con la ley penal para que se puedan tomar las medidas y acciones necesarias para prevenir futuras tragedias. La sociedad dominicana necesita confiar en que las autoridades actúan de manera justa y proporcional, respetando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El Defensor del Pueblo juega un papel fundamental en la protección de estos derechos y en la supervisión de la actividad de la Administración pública, garantizando que se respeten los principios democráticos y constitucionales en todos los ámbitos de la sociedad.
En conclusión, la solicitud de información realizada por el Defensor del Pueblo a la Policía Nacional es un paso importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Es fundamental que se investiguen de manera exhaustiva los casos de muerte en conflictos con la ley penal y que se tomen las medidas necesarias para evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. La colaboración entre las instituciones y el escrutinio público son clave para fortalecer la confianza en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la sociedad.
