Una investigación reveló contratos millonarios entre el Estado y empresas propiedad de José Ángel Gómez Canaán, conocido como "Jochi Gómez", que habrían sido otorgados de manera irregular. Uno de los contratos mencionados fue con la empresa Dekolor S.R.L., donde Gómez Canaán es co-gerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Esta empresa habría recibido más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una.
Además, se menciona que en 2020, Gómez Canaán habría sido favorecido con un contrato que se considera ilegal. Se trata de un "Acuerdo de Colaboración" entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S. Sin embargo, este contrato no está registrado oficialmente en los sistemas gubernamentales, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del acuerdo.
Recientemente, el Ministerio Público arrestó a siete personas presuntamente vinculadas a una red de corrupción y crimen organizado que se dedicaba a desfalcar, estafar al Estado, cometer falsificación, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Entre los hechos que se les imputan se encuentra un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización en Santo Domingo, un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix y un sabotaje contra la red semafórica.
Se espera que en las próximas horas se solicite medida de coerción para los siete arrestados por su presunta participación en esta red de corrupción. Se les acusa de formar parte de un entramado delictivo que habría causado perjuicio al Estado mediante el desvío de fondos, falsificación de documentos y otros actos ilícitos.
Este caso se suma a otros escándalos de corrupción que han salido a la luz en República Dominicana en los últimos años. La corrupción ha sido un problema persistente en el país y ha generado indignación entre la población, que exige sanciones ejemplares para los responsables.
Las autoridades continúan investigando este caso de corrupción que involucra a José Ángel Gómez Canaán y otras personas, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables y evitar que se repitan este tipo de irregularidades en el futuro. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la corrupción y garantizar la integridad en la gestión de los recursos públicos.
