El Ministerio Público llevó a cabo la Operación Camaleón, durante la cual arrestó a siete personas presuntamente relacionadas con una red de corrupción y crimen organizado. Se les imputa pertenecer a una organización dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Se espera que en las próximas horas se solicite medida de coerción para estos individuos.
Entre los detenidos se encuentra José Ángel Gómez Canaán, también conocido como Jochy Gómez, quien es propietario de Transcore Latam, empresa investigada por la Pepca a petición de la Dirección de Contrataciones Públicas. Se detectaron indicios de delitos penales relacionados con corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación que resultó en una adjudicación por más de RD$1,300 millones en 2023. Se reveló que Gómez Canaán adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO en mayo de 2022 y usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L.
La investigación demostró que ni Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore LP en EE. UU., tenían relación con la empresa Transcore Latam S.R.L. y sus involucrados. Pedro Vinicio Padovani Báez renunció a su puesto como encargado del Centro de Control de Semáforos del INTRANT y comenzó a trabajar directamente con Jochy Gómez después de registrar la empresa fraudulentamente. Se produjeron cambios en la dirección del INTRANT con la designación de Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez como director ejecutivo, sustituyendo a Rafael Arias.
Durante la Operación Camaleón, se llevaron a cabo allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Alrededor de 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado participaron en los operativos. Se ocuparon cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, destacando que algunos de los allanamientos se prolongaron por más de 12 horas debido a la cantidad de pruebas recopiladas.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización en el Gran Santo Domingo, un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix utilizado para usurpar funciones propias de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, y el sabotaje contra la red semafórica en agosto. Se destaca la exitosidad de las operaciones contra el crimen organizado llevadas a cabo por el Ministerio Público, con esta siendo una de las más destacadas hasta el momento.
