El miércoles, el Ministerio Público lanzó la Operación Camaleón, una investigación que resultó en la detención de siete personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado que ha afectado al Estado. Entre los crímenes señalados se encuentran desfalco, estafa, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus actos ilícitos. Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y José Ángel Gómez Canaán, presidente de Transcore Latam, son dos de los principales imputados en este caso.
En la orden de arresto se detalla la supuesta participación de los arrestados, revelando seis datos escandalosos sobre el caso. Por ejemplo, Hugo Beras, que previamente se presentaba como víctima, es acusado de liderar el fraude y adjudicar contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas necesarias para gestionar proyectos clave, como la red semafórica y el sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo.
Uno de los principales imputados es José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, propietario de Transcore Latam. El documento revela que Jochy Gómez, en mayo de 2022, adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO y usurpó la identidad de un ciudadano alemán para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L. Posteriormente, utilizando correos falsos, registró la empresa en la República Dominicana, lo que levanta sospechas de corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación.
La investigación revela que se alteraron los requisitos para la licitación, beneficiando a Transcore Latam S.R.L. reduciendo drásticamente la experiencia requerida de 15 años a solo uno. Además, otros requisitos clave también fueron rebajados, lo que levanta sospechas de irregularidades en el proceso de contratación. Además, se descubrió un posible conflicto de interés entre Transcore Latam y otro Consorcio debido a los vínculos entre sus representantes.
Según la orden de arresto, Jochy Gómez ha sido favorecido con diversos contratos del Estado desde 2017, beneficiando a su empresa Dekolor S.R.L. con la emisión de licencias de conducir, cobrando una cantidad elevada por cada una emitida. También se revela un contrato ilegal firmado en 2020 entre Gómez Canaán y el Ministerio de Defensa, que no figura registrado oficialmente en los sistemas gubernamentales.
Otro aspecto destacado de la investigación es la implicación de Transcore Latam en actos de sabotaje y terrorismo en la red semafórica de Santo Domingo. La instalación no autorizada de reguladores semafóricos con tecnologías desconocidas provocó el desmantelamiento de las intersecciones semafóricas, creando caos en las calles. Además, se revela un acuerdo ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa de Jochy Gómez que otorgaba facultades reservadas a organismos de inteligencia y seguridad a una empresa privada, poniendo en riesgo la seguridad nacional del país.
