La abogada de Hugo Beras informó que durante un allanamiento a su vivienda le fueron incautados dos vehículos, su celular y memorias. Los abogados consideraron esta acción como un abuso, ya que no se les permitió estar presentes para asistir a su cliente, lo cual viola su derecho constitucional a ser asistido por un abogado durante un proceso legal. El fiscal actuante en el allanamiento fue Héctor García.
El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias Jochy Gómez, fueron detenidos por presuntas irregularidades en un contrato para la modernización y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. Beras fue llevado a la sede de la entidad como detenido tras un allanamiento a su residencia, mientras que Gómez fue detenido después de un largo interrogatorio por fiscales de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca).
Jochy Gómez es uno de los propietarios de Transcore Latam, empresa investigada por presunta corrupción en el proceso de contratación que le permitió adjudicarse un contrato de más de RD$1,300 millones en 2023. A raíz de las irregularidades detectadas, la licitación en la que se adjudicó la empresa fue anulada. Se sospecha que personal del Intrant pudo haber estado involucrado en estas irregularidades, lo que llevó a la cancelación del contrato.
La abogada de Hugo Beras denunció en redes sociales el abuso cometido durante el allanamiento a la vivienda de su cliente, indicando que se violó su derecho a ser asistido por un abogado durante el proceso legal. La Procuraduría General dejó detenidos a Beras y a Jochy Gómez como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el contrato mencionado. El allanamiento a la residencia de Beras duró más de dos horas, mientras que Gómez fue interrogado durante casi cinco horas antes de ser detenido.
La empresa Transcore Latam, propiedad de Jochy Gómez, fue investigada por la Pepca a solicitud de la Dirección de Contrataciones Públicas debido a indicios de delitos penales relacionados con corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación. Las presuntas irregularidades detectadas llevaron a la anulación del contrato en el que la empresa se había adjudicado más de RD$1,300 millones en 2023. Tanto Beras como Gómez enfrentan acusaciones y detenciones en relación con este caso de corrupción.
